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Por más que insistieron los dos Grupos de oposición en la
Asamblea ayer al Gobierno respecto a la necesidad de que
asuma “responsabilidades políticas” por el caso de los
descuadres contables de Urbaser, no lograron arrancar del
Ejecutivo de Vivas si no un emplazamiento a cuando finalice
o bien el proceso judicial abierto por la liquidación del
contrato o bien a cuando esté finalziado este expediente
administrativo. Ni siquiera sirvió el recordatorio de
Mohamed Alí de que en casos como el del vicepresidente Pedro
Gordillo no esperaron “a que la Justicia se pronunciara”
para propiciar su “cese encubierto”.
Los dos grupos de oposición en la Asamblea se unieron ayer,
aunque con matices distintos, en la exigencia al Gobierno de
la asunción de “responsabilidades” por el caso de los
descuadres contables o “pagos de más” en amortización de
maquinaria a Urbaser. Dicha exigencia vino de la mano de una
moción de urgencia defendida por Caballas para “reprobar” al
Ejecutivo por “negligencia culpable al consentir que la
empresa concesionaria del servicio de limpieza haya
incumplido impunemente, de manera sistemática y continuada,
el pliego de condiciones”. En vista de que el debate sobre
este asunto se suscitaba en ese momento, el portavoz del
Grupo Socialista, José Antonio Carracao, pidió al Gobierno
que su interpelación para que diera explicaciones acerca del
mismo -colocada en último lugar en el orden del día de la
sesión- se uniera. El Ejecutivo rechazó esta posibilidad y
dejó de nuevo el asunto para el final, once horas después
del inicio del Pleno.
El portavoz de la moción de Caballas fue Mohamed Alí, quien
inició su intervención señalando que tras 20 años de
contrato “y más de 200 millones de euros” cobrados por el
servicio de limpieza, las reclamaciones judiciales de
Urbaser suman 15 millones y que asimismo se pone de
manifiesto, según el informe de un técnico de Gestión
Contable que dio a conocer el PSOE, que las cantidades
“certificadas y abonadas bajo el epígrafe de amortizaciones
exceden de manera desmesurada del precio de adquisición de
los vehículos que aparecen en el contrato”. La diferencia
es, recordó de 12,5 millones, y mientras los ciudadanos se
preguntan “cuál es la gestión de los fondos públicos”, el
Gobierno no es “claro” ni ha estado “a la altura”.
Para Caballas, al margen de la “dimensión jurídica” de caso
“nadie puede negar que hay una dimensión política, una
nefasta gestión, un nulo interés en la vigilancia y la
defensa del interés general por parte del Gobierno del
Partido Popular”.
Caballas se refirió asimismo al hecho, revelado por el
propio Gobierno en la Comisión de Hacienda del pasado
jueves, de que no se ha cumplido el artículo 80 del
contrato, que obligaba a la empresa a renovar la maquinaria
una vez amortizada. De eso se deduce que la Ciudad “ha
pagado vehículos que nunca se llegaron a renovar”, indicó
Alí, para agregar que “alguien en el Gobierno de la Ciudad
estaba obligado a exigir a Urbaser la incorporación de esos
vehículos”. “No se puede decir, como ha dicho el Gobierno,
que después del proceso judicial, depuraremos
responsabilidades políticas”, aseguró Alí, quien considera
que “no hay que esperar a ningún pleito para ver si nos paga
o pagamos a Urbaser”, que el Gobierno debe “responder” por
esta “dejadez de funciones, este pasotismo que ha generado
una desconfianza general”. Caballas cree que el Gobierno
quiere “ocultarlo todo” en la “dimensión judicial” del caso,
con una liquidación que ha acabado en el juzgado ante las
demandas que Urbaser hace a la administración.
En su turno de respuesta, el portavoz del grupo Popular y
consejero, Guillermo Martínez, mencionando él mismo al que
ha sido el último consejero de Medio Ambiente, señaló que
García Castañeda “no mintió” en 2011 a la oposición respecto
a este asunto, “dio la información que tenía porque no sabía
si los vehículos estaban o no amortizados, sólo dijo que los
controles eran satisfactorios”, concluyó.
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El Gobierno ha “ninguneado” a la oposición y “ha mentido en
sede parlamentaria”, afirma Caballas
Caballas exigió ayer al Gobierno
una respuesta ante lo que considera una “mentira” vertida en
sede parlamentaria por el Gobierno en relación a las
amortizaciones de maquinaria. Alí recordó la interpelación
presentada por Caballas en diciembre de 2011 en la que
Aróstegui pedía explicaciones sobre el contrato con Urbaser
y ya apuntaba que “el inmovilizado está amortizado”, y leyó
la respuesta del Ejecutivo, en la que se señalaba, que “el
grado de cumplimiento” del contrato era “aceptable” y que
“cuando se revisan las facturas tiene que tener en cuenta
que también hay servicios excepcionales (...) que habrá que
pagarlos de alguna manera”. Para Caballas esto supone que el
Ejecutivo “ha ninguneado” a la oposición y “ha mentido en
sede parlamentaria”, lo que “anula la credibilidad
democrática de la institución”. Por lo que le pidió que
rectificara. La oposición no mencionó al consejero García
Castañeda, pero sí lo hizo su compañero de filas Martínez,
al decir que “no mintió porque no lo sabía”. Caballas no
logró esta “rectificación”.
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PLENO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA
