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El portavoz del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda,
Guillermo Martínez, hace tiempo que se quitó el disfraz de
timorato y ha tenido la desfachatez de decirle a la cara al
editor y al asesor jurídico de este medio de comunicación
que “El Pueblo no recibirá ni un euro de publicidad
institucional”. Así de claro y así de sencillo. Éste es el
verdadero prócer de la democracia surgido del GIL, hoy
acomodado en la política del Partido Popular, y que ha
‘hecho carrera’ con las tutelas paternales que le vinculan a
uno de los actores principales de esta estrategia y el mayor
urdidor de intrigas: Rafael Montero Palacios.
Todo comienza hace algo más de un año, tiempo durante el
cual se ha venido maquinando por parte de Juan Vivas,
Guillermo Martínez y Rafa Montero (con Juan Luis Aróstegui
como invitado especial) una estrategia de eliminación de ‘El
Pueblo de Ceuta’. Una estrategia sibilina que han querido
disfrazar de cierto halo de legalidad para encubrir una
maniobra tan vil como artificial: adjudicar la publicidad
institucional por un período de cuatro años y por un total
de 3 millones de euros a un solo medio escrito, a diferencia
del resto medios de comunicación (emisoras de radio y
televisiones, asi como el periódico digital de Aróstegui).
El proceso de eliminación de ‘El Pueblo’, revestido de un
artilugio pseudolegal como un concurso público a medida de
‘El Faro’, es la demostración más evidente de que Juan Vivas
se mofa de la democracia, de la pluralidad informativa, y
hasta de la propia Constitución española, que consagra la
libertad de expresión como uno de los pilares del estado de
Derecho. Las críticas de este medio a algunas actuaciones
del Gobierno Vivas, no han gustado ni a éste ni a Guillermo
Martínez, situación que han aprovechado los próximos a
ellos, para intermediar en su propio beneficio. Juan Vivas
no ha aceptado el sentido crítico de este periódico. Al
presidente de la Ciudad, nuestras críticas por el
comportamiento con el primer equipo de fútbol de la ciudad y
su cadena de subvenciones a la Federación de Fútbol de
Ceuta, así como a su presidente y administrador del Viajes
Trujillo, amén de candidato suplente al Senado por el
Partido Popular, Antonio García Gaona, les ha desatado sus
demonios y quiere utilizar el dinero público a su capricho
para entregarlo a quien le elogia a diario.
A Juan Vivas, acostumbrado al botafumeiro, sin ser gallego
aunque a veces se lo haga, prefiere las alfombras por las
que pisar que las críticas agrias a las que no se acostumbra
porque no entiende ni quiere la democracia ni la libertad de
expresión; él solo entiende de caciquismo, de “comprar”
medios, y que estén sometidos al pesebre de la publicidad
institucional, que es tanto como hacerlo a su servicio que
es lo que pretende con estos dinero públicos distribuidos
como una dádiva generosa del señor feudal. Quiere ejercer el
derecho de pernada con la publicidad institucional y abusar
de su poder político para discriminar todo lo que no se
someta a su control omnipresente.
De hecho, se han celebrado numerosas reuniones, desde hace
un año hacia acá, para entregar en bandeja un contrato de 3
millones de euros a Rafa Montero Palacios, para lo cual se
han ido dando los pasos necesarios para confeccionar, en la
medida de lo posible, un pliego de condiciones “a medida”,
donde el único control que gustaba a Rafa Montero era el de
la Oficina de Justificación de la Tirada (OJD) que, por
ciento, jamás ha venido por Ceuta para controlar la tirada y
cuyos datos, están más que manipulados, como estamos en
condiciones de demostrar en su momento oportuno.
Tres millones de euros, o sea, el equivalente a más de 500
millones de pesetas de dinero público. Una cantidad
desorbitada para una empresa que, además, no ha invertido en
maquinaria en nuestra ciudad y que se edita fuera de Ceuta.
Entregar la publicidad institucional a un solo medio escrito
y por un período que excede la legislatura del Gobierno que
la otorga, es una forma aún más vil, ya que hipoteca a un
futuro Gobierno e invade otras legislaturas. Es una forma de
ejercer la actividad pública con prepotencia y soberbia, con
superchería, porque el engaño y fraude que se pretende
cometer es un recurso propio de los mediocres sin arrestos
para afrontar la realidad o las situaciones adversas con
mejores argumentos que el mal uso de los cauces legales. En
un Estado de Derecho, las discrepancias se dirimen en el
Juzgado.
La osadía del pronunciamiento de Guillermo Martínez, uno de
los protagonistas de esta trama, junto a Juan Vivas y Rafa
Montero, le descalifica por sí mismo.
Por ello, este periódico, llegado el momento, se reserva las
acciones judiciales correspondientes si los políticos
interfieren en la Mesa de Contratación a la hora de la
adjudicación del concurso o en cualquier otro momento del
proceso. No vamos a permitir que una cuadrilla de
impresentables quieran revestir de legalidad un
procedimiento que han intentado viciar desde sus orígenes y
en el que ya no caben más manipulaciones.
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OPINIÓN
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LA CRONICA
