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La crisis ha aumentado el número de contribuyentes que no
cumplen con sus obligaciones fiscales, algunos porque no
pueden, pero otros porque aprovechan la coyuntura para “un
enriquecimiento ilícito”. Contra ellos van las acciones
dirigdas a prevenir el fraude fiscal y que ayer se
explicaron en el marco de las I Jornadas Tributarias de
Ceuta.
Las I Jornadas Tributarias de Ceuta arrancaron ayer por la
tarde en el Hotel Tryp con tres ponencias en las que se
abordaron la lucha contra el fraude fiscal, la participación
de la Agencia Tributaria en la gestión de los recursos
propios de la ciudad autónoma y la participación de los
tributos en el marco presupuestario. El consejero de
Economía y Hacienda, Guillermo Martínez, fue el encargado de
inaugurar unas jornadas de las que espera que salga una
propuesta “satisfactoria” para llevar a cabo la tan esperada
modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Ceuta.
El consejero recordó que esta reforma es “imprescindible
para fomentar el desarrollo económico de Ceuta” y que por
ello se encargó a un grupo de técnicos que elaboraran una
propuesta. Ahora esta va a ser estudiada con los
responsables de la Agencia Tributaria para buscar una
solución satisfactoria. Y es que, uno de los objetivos de
estas jornadas es “acercar la realidad de Ceuta a los
responsables de tributos”, según puntualizó Martínez.
Tras la intervención del consejero, tomó la palabra la
directora del Departamento de Recaudación de la Agencia
Tributaria, Ana Fernández-Daza, para explicar como la
agencia trabajar con el objetivo de evitar “insolvencias
aparentes” de personas que evitan cumplir con sus
obligaciones fiscales, pero también para informar a los
contribuyentes sobre como cumplir con ellas. Fernández-Daza
señaló como con la crisis ha aumentado el número de casos en
los que las personas quieren pagar pero no pueden, pero
también el de contribuyentes que esconden su capacidad
económica para crear un “enriquecimiento ilícito”.
La directora de Recaudación trasladó que en la actualidad
tienen como saldo pendiente de cobro a deudores por importe
cercano a los 30.000 millones de euros. “Una parte podríamos
determinar que es fraude tributario y la otra se corresponde
con la crisis económica y la imposibilidad de realizar el
ingreso”, puntualizó Fernández-Daza que señaló como también
se han establecido medidas cautelares para proceder a
embargos cuando se detecte el riesgo de no cobrar.
Las jornadas continúan esta mañana con ponencias sobre
modificaciones penales y en el impuesto de sociedades. El
director general de Tributos, Diego Martín, hablará en
último lugar sobre las novedades fiscales para el ejercicio
2013, y el delegado del Gobierno se encargará de clausurar
el acto.
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