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Se agotan los calificativos para
definir la suciedad que ha caracterizado el concurso de
adjudicación de la publicidad institucional de la Ciudad
Autónoma para un medio escrito, en un proceso plagado de
irregularidades, dirigido, hecho a medida de una de las
empresas licitadoras y con el objetivo de marginar a este
periódico. Proceso inaudito, sorprendente, asombroso,
vergonzoso y con un talante caciquil, del Gobierno que ha
puesto sobre la Mesa de Contratación todo tipo de argucias y
artimañas para manipular al máximo un asunto tan serio. De
tal manera que, aún siendo nuestra empresa la única que ha
presentado toda la documentación en regla y perfectamente
cumplimentada, con argumentos inconsistentes y malas artes,
se nos ha fulminado sin darnos opción a competir en la
oferta.
Que no piense ni por un momento el Ejecutivo local que su
conducta no va a tener consecuencias legales, porque esta
empresa está dispuesta a llegar hasta donde haga falta, para
proteger sus derechos y defender su legítimidad como
licitador tras ser cercenada de manera vil y torticera, con
un “pucherazo” de órdago a la grande. La frivolidad por
descartarnos cuando presentamos nuestra oferta con todos los
pronunciamientos legales, reconocidos por varios técnicos
independientes del poder político, deja muy desairado al
Gobierno local, cuando el político hubo de ejercer su voto
de calidad.
El dinero público no puede utilizarse desde la trampa y la
manipulación como tampoco han de realizarse “montajes” como
la farsa a la que asistimos para disfrazar una adjudicación
fraudulenta. Nuestras acciones legales trataran de depurar
responsabilidades con el máximo rigor para ejercer el peso
de la ley. Caiga quien caiga.
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OPINIÓN / EDITORIAL
