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Las críticas realizadas por ‘El Pueblo’ a la gestión del
Gobierno de la Ciudad durante la presente legislatura, no
fueron del agrado de Juan Vivas, quien se marcó como
prioridad eliminar a ‘El Pueblo’, para lo cual era preciso
acudir a alguna estratagema que garantizara el objetivo.
Así, el Presidente Vivas con la colaboración de Guillermo
Martínez (persona en extremo obediente a Vivas), impulsa
desde la sombra la idea de arbitrar un concurso público de
Publicidad Institucional que permitiera restringir al máximo
la posible concurrencia de licitadores y que finalmente,
solo participara en él una empresa de total confianza, ‘El
Faro’.
El ganador del concurso para la adjudicación del contrato de
Publicidad Institucional ya estaba elegido antes de que se
publicara la convocatoria. La decisión del Gobierno de Vivas
de que fuese ‘El Faro’ la empresa que ganara el concurso se
tomó mucho antes de que la convocatoria se publicara en el
BOCCE.
Esta afirmación fluye de manera natural del análisis de las
pruebas y de la pluralidad de indicios absolutamente
acreditados obtenidos durante todo el proceso. Una prueba de
singular potencia acreditativa y de naturaleza
inequívocamente acusatoria, es la proposición económica
presentada por Joaquin Ferrer y Cia S.L, empresa editora de
‘El Faro’, que ascendió a la cantidad de 3.052.000 euros,
cuando el presupuesto base de licitación era de 3.058.417,30
euros. Es decir, ‘El Faro’ solo mejoró el precio de
licitación en un insignificante 0,2% (6.417,30€), lo que,
teniendo en cuenta que el único criterio objetivo de
adjudicación era el mejor precio, es prueba evidente que
tenía conocimiento de que sería el único licitador y por
tanto que no tendría competencia, ya que el Gobierno de
Vivas se encargaría de restringir al máximo la posible
concurrencia de licitadores.
La trama
Las críticas realizadas por ‘El Pueblo’ a la gestión del
Gobierno de la Ciudad durante la presente legislatura,
amparado por la Libertad de Información, y más concretamente
las críticas por los incumplimientos que provocaron la
desaparición de la Asociación Deportiva Ceuta y las
denuncias sobre los sospechosos pagos al presidente de la
Federación de Fútbol y administrador de Viajes Trujillo,
Antonio García Gaona, a su vez suplente al Senado por el
Partido Popular, no fueron del agrado de Juan Vivas, quien
se marcó como prioridad eliminar a ‘El Pueblo’, para lo cual
era preciso acudir a alguna estratagema que garantizara el
objetivo.
Así, el Presidente Vivas que reconocidamente posee
conocimientos de la contratación administrativa, derivados
de su participación en la función pública como funcionario,
con la colaboración fundada de Guillermo Martínez,
responsable de la consejería de Economía, Hacienda y RRHH
(persona en extremo obediente al Presidente Vivas), impulsa
desde la sombra la idea de arbitrar un concurso público de
Publicidad Institucional que permitiera restringir al máximo
la posible concurrencia de licitadores y que finalmente,
solo participara en él una empresa de total confianza para
Vivas, ‘El Faro’. Y a ese planteamiento presidencial se
avino Rafael Montero, editor de ‘El Faro’, a quien el
Presidente Vivas había participado la inminencia de la
convocatoria de un concurso, tras multiples reuniones, e
incluso cenas en el domicilio particular del empresario.
Plan de publicidad
El primer paso era redactar un Plan de Publicidad y
Comunicación Institucional de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
que justificara la discriminación, limitando las acciones
publicitarias a un solo medio escrito debido a las
restricciones presupuestarias aplicadas por la Ciudad
Autónoma, con “una reducción del presupuesto destinado a la
publicidad de en torno a un 50%”, que “no alcanzaría ni tan
siquiera para abarcar a los dos diarios existentes en este
momento en Ceuta”. Un argumento falso, como queda demostrado
con los datos en la mano, correspondientes a las últimas
partidas presupuestarias de publicidad: 1.121.5000 euros
para esta anualidad (2013) cuando, la del pasado año fue de
970.000 euros. Por lo tanto no solo no se ha reducido el
presupuesto para el ejercicio 2013 sino que se ha aumentado.
Primer obstáculo
Antes, para la realización del citado Plan de Publicidad, el
Gobierno de Vivas se vio obligado a cesar con fecha 30 de
junio de 2012 al, hasta encontes, responsable de la
Publicidad Institucional, Sebastián Fernández, quien había
ejercido dicha labor durante los últimos 11 años. Fernández
se negaba a prestarse a este tipo de actuaciones y se
convertía por tanto en un obstáculo para llevar a cabo los
objetivos previstos.
Posteriormente el Gobierno de Vivas nombra como responsable
de Publicidad Institucional, en sustitución de Sebastián
Fernández y en base a una ‘irregular encomienda de gestión’,
a Diego Sastre Ruiz, personal laboral de la empresa
municipal PROCESA.
Junto a Sastre, el Gobierno utiliza de forma premeditada, a
uno de sus empleados eventuales, José Carlos Garcia,
nombrado por Vivas ‘a dedo’ como asesor de prensa. Con esa
decisión el Presidente Vivas consigue que el concurso
público esté impulsado por personas de la administración que
están bajo la dependencia funcional e inmediata del
Gobierno, debiendo establecer en sus decisiones no lo más
correcto y oportuno, sino lo más satisfactorio al Ejecutivo,
ya que su puesto depende de asumir o no decisiones que rozan
la ilegalidad.
Pliego de condiciones
Una vez superado el primer obstáculo y redactado el Plan de
Publicidad por los señores antes mencionados, José Carlos
Garcia y Diego Sastre, el citado Plan es aprobado, el 21 de
septiembre de 2012, en Consejo se Gobierno por unanimidad de
los presentes.
Posteriormente, el 7 de noviembre de 2012, el Consejero de
Economía, Hacienda y RRHH, Guillermo Martínez, inicia el
trámite de contratación de “inserción de publicidad y
comunicación institucional” en la prensa escrita por un
periodo de cuatro años y un importe de 767.925,44€ cada año.
De esta forma comienza la tramitación del expediente de
contratación, con la aprobación de la propuesta y del gasto,
junto a la realización de los pliegos de prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas.
Solvencia técnica
El siguiente paso era poner trabas a lo largo del pliego de
cláusulas administrativas, para debilitar la participación
de cierta pluralidad de licitadores e imposibilitar en la
medida de lo posible la concurrencia de ‘El Pueblo’. Para
ello, entran de nuevo en acción José Carlos Garcia y Diego
Sastre, que elaboran un informe técnico con el objetivo
antes mencionado restringir al máximo la posible
concurrencia de licitadores para que solo participara ‘El
Faro’.
La principal traba impuesta en el pliego hace referencia a
la acreditación de la solvencia técnica, ya que “para
ajustarse a las cifras de venta y difusión de los diarios”
pretenden tomar como “referencia los datos de la Oficina de
la Justificación de la Difusión (OJD)…” ¿Y por qué la OJD?
Porque el Gobierno sabe de antemano que de los dos
periódicos escritos de ámbito local de la Ciudad Autónoma de
Ceuta (El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta), sólo uno de
ellos (El Faro) es socio de este órgano asociativo privado
como la OJD. Es decir, en ninguno de los casos se está dando
un tratamiento igualitario a ‘EL PUEBLO’, ya que se pretende
tomar como referencia que acredite la solvencia los datos de
una oficina privada, de naturaleza asociativa, cuyo miembro
es solo uno de los licitadores del concurso: ‘EL FARO’.
Esta cirscunstacia conlleva un grave agravio comparativo y
una merma de los principios de igualdad, transparencia y
libre concurrencia de licitadores, ya que todo ello vulnera
el artículo 117 del TRLCSP al establecer una “procedencia
determinada” para la referencia de los datos que acrediten
la solvencia técnica. Así, las Reglas para el
establecimiento de prescripciones técnicas exponen que: “2.
Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en
condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan
tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a
la apertura de los contratos públicos a la competencia.
8. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las
especificaciones técnicas no podrán mencionar una
fabricación o una procedencia determinada o un procedimiento
concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a
un tipo, a un origen o a una producción determinados con la
finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o
ciertos productos.”
No obstante, ante la imposición de algunos técnicos del área
de Contratación y en un intento del Gobierno de Vivas de dar
apariencia de legalidad al concurso, el pliego expone la
“posibilidad” de que “si, por una razón justificada, el
empresario no está en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, podrá acreditar este criterio por
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado
y que el Órgano de Contratación considere válido”. Es decir,
que dicha “posibilidad” que se ofrece de acreditar la citada
solvencia técnica mediante otro documento distinto a la OJD
está sometido al criterio y aprobación de la Mesa de
Contratación, lo que constituye una grave barrera de entrada
al concurso para cualquier licitador no miembro de la citada
Oficina.
Beneplácito
Una vez realizada la ideación del concurso por el Presidente
Vivas con el apoyo de Guillermo Martínez y la colaboración
de José Carlos Garcia y Diego Sastre en la planificación de
su puesta en escena, solo quedaba la obtención del
beneplácito de todos los que iban a ser actores de su
ejecución desde una u otra perspectiva, para dar dar visos
de legalidad a todo el procedimiento. Así, tanto el
Interventor como el técnico Miguel Angel Ragel (cuya
posterior participación en la Mesa de Contratación resulta
determinante) realizaron los correspondientes Informes,
justificando el procedimiento a seguir.
Convocatoria en el BOCCE
El siguiente paso era realizar la convocatoría del concurso.
Con fecha 19 de marzo se publica en el Boletin Oficial de la
Ciudad de Ceuta la contratación mediante procedimiento
abierto de la inserción de las campañas de Publicidad y
Comunicación Institucional de la Ciudad Autónoma de Ceuta en
la prensa escrita de la Ciudad, en expte. 75/12.
Una vez transcurridos los quince días naturales para la
presentación de ofertas, solo dos empresas presentan la
documentación: Joaquin Ferrer y Cia (editora de El Faro de
Ceuta) y Cealfe S.L. (editora de El Pueblo de Ceuta’).
Mesa de Contratación
El pasado día 13 de mayo se constituyó la primera Mesa de
Contratación formada como presidente, Manuel Carlos Blasco,
(Viceconsejero de Economía y Hacienda), y como vocales
Miguel Angel Ragel (técnico de la Administración General,
por delegación de la Secretaria General), Susana García
(Suplente del Interventor Accidental), Josefina Álvarez y
Francisco Díaz (vocales de la Mesa permanente).
Una vez ideado, planificado y puesto en marcha, solo quedaba
escenificar el ‘amaño’ en el ‘plató’ de la Mesa de
Contratación. En ese instante, surgen de nuevo las figuras
de José Carlos Garcia y Diego Sastre, que asisten
sorpresivamente en calidad de asesores de la Mesa. Éstos
serán los encargados de materializar, junto a tres de los
miembros de la Mesa, los planes del Presidente Vivas:
conseguir restringir la concurrencia de licitadores
descartando del procedimiento a ‘El Pueblo’ y lograr que
finalmente, solo fuera admitido un solo licitador, ‘El
Faro’.
Tal y como se había planificado, la mayoría de los presentes
convertirían las prescripciones técnicas en un obstáculo
injustificado a la apertura del contrato público a la
competencia, utilizando éstas como escusa para descartar ‘El
Pueblo’.
José Carlos García actuó con una grave falta rigor
profesional, desacreditando la certificación presentada por
‘El Pueblo’ realizada por una empresa de reconocido
prestigio nacional e internacional, sin pedir información
complementaria en caso de no estar conforme con lo
certificado por la empresa auditora. Acto seguido decide que
la certificación no es suficiente para acreditar la
solvencia técnica de este medio, afirmando que “no existen
razones objetivas que permitan determinar la veracidad de
los datos aportados, sino todo lo contrario”. Y todo ello en
tiempo de 5 minutos, es decir, sin estudiar, leer y conocer
los documentos y cifras que se ofrecen desde la empresa
auditora, y sin dar opción de requerir a este medio para que
acredite o complemente la información suministrada, como así
lo solicitaron dos de los técnicos y queda reflejado en el
acta, sino que era más conveniente excluir al licitador que
no interesa.
Los argumentos de José Carlos García y Diego Sastre no
logran convencer a los técnicos vocales de la Mesa
Permanente, Josefina Álvarez y Francisco Díaz, que votan en
contra de la exclusión de ‘El Pueblo’. Sin embargo,
‘convencen absolutamente’ al Presidente de la Mesa, Manuel
Carlos Blasco junto a Miguel Angel Ragel y Susana García,
curiosamente los técnicos que actúan por delegación de la
Secretaria General y del Interventor, y por tanto con una
dependencia directa del Gobierno de Vivas. En este aspecto
hay que recordar que los puestos de Interventor y Secretario
General no están siendo desempeñados por funcionarios de
habilitación estatal.
Deficiencias del ‘El Faro’
Pero la gravedad del asunto no queda ahí. La otra empresa
licitadora Joaquin Ferrer y Compañía S.L., editora de ‘El
Faro’ no presenta en el sobre nº1, correspondiente a la
documentación administrativa, la relativa a la acreditación
de la solvencia económica, siendo necesaria la aportación de
las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil
correspondiente de conformidad con lo establecido en el
pliego. ‘El Faro’ presentó documentación económica de una
persona física mediante un documento bancario, incumpliendo
el pliego y aún así la Mesa de Contratación consideró que
era necesario otorgarle 3 días habiles para subsanar este
defecto.
Además, el pliego como norma aplicable al concurso define
perfectamente y sin ningún género de dudas que, para
acreditar la solvencia técnica, se deberá acreditar
suficientemente el número de ejemplares vendidos en Ceuta en
el último año, que si tenemos en cuenta el propio tenor
literal del requisito hace referencia al año 2012, con lo
que la certificación acreditativa de tal solvencia ha de
referirse al período comprendido entre el 1 de enero de 2012
y el 31 de diciembre de 2012.
Pues bien, por parte de ‘El Faro’, se aporta certificación
de la OJD del período comprendido entre Julio 2011 a Junio
2012, con lo que evidentemente dicha certificación incumple
palmariamente el requisito establecido en el pliego de
condiciones. Por ello, el período presentado por el diario
‘El Faro’, no debería haberse aceptado como válido, debiendo
haber quedado excluido automáticamente. En cambio, el
presidente de la mesa, Manuel Carlos Blasco, hace caso omiso
al pliego, y acepta y admite como válida la citada
certificación.
Todo eso sucede en el mismo acto en el que al otro
licitador, ‘El Pueblo’, cuya documentación es correcta y
completa, es excluído, al considerar de manera subjetiva que
no es suficientemente fiable la certificación presentada,
sin ofrecerle la posibilidad de ampliar la información o dar
las explicaciones necesarias a solicitud de la mesa, o
presentar cualquier otra documentación oportuna.
Todo ello demuestra que todo formaba parte de una idea
preconcebida y premeditada pendiente de ejecutar.
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‘caso concurso’
