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La privatización del servicio en las instituciones
penitenciarias continúa siendo el caballo de batalla de las
centrales sindicales. Aunque hasta la fecha tan sólo son 21
los centros penitenciarios en los que se llevará a cabo este
servicio y entre ellos nos se encuentra el de Ceuta, todas
las centrales sindicales han mostrado su rotundo rechazo a
esta medida que quiere llevar en breve el Gobierno y alertan
que esta decisión del Gobierno es “un paso inequívoco, en el
proceso general de privatización del conjunto de los
servicios públicos, lo cual supone una seria amenaza para
los empleados públicos”.
La intención del Gobierno de privatizar el sistema
penitenciario continúa dando mucho de que hablar. Pese a que
en el primer listado de centros penitenciarios a los que se
les aplicaría esta medida no se encuentra la cárcel de
Ceuta, si es verdad que las centrales sindicales se han
mostrado contrarias a estas medidas que quiere implantarse
desde el Gobierno y que ya ha puesto en conocimiento la
Secretaría del Estado de Seguridad.
La documentación sobre este asunto, a la que ha tenido
acceso EL PUEBLO, detalla que serían inicialmente un total
de 21 centros penitenciarios (1 de Alicante, 3 de Cádiz, 2
de Castellón, 1 de Córdoba, 1 de Navarra, 1 de Huelva, 1 de
La Coruña, 1 de León, 1 de Logroño, 1 de Mallorca, 1 de
Murcia, 1 de Palencia, 1 de Pontevedra, 1 de Salamanca, 1 de
Sevilla, 1 de Valladolid, y 2 de Zaragoza) los que contarían
con la iniciativa de introducir empresas privadas en la
seguridad exterior de estos centros penitenciarios,
enmarcado en una política de colaboración público-privado.
Entre los aspectos más importantes de esta iniciativa se
destaca que se abordará bajo la fórmula de contrato
negociado sin publicidad. Aunque no está firmado, la
intención es que la adjudicación se realice en breve plazo
de tiempo y se gestionará de forma experimental durante un
plazo de 9 meses, tras el cual se realizará una evaluación.
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ha informado
que “no hay ninguna actividad o puesto de trabajo propio de
los trabajadores de Instituciones Penitenciarias que se vea
afectada por este contrato”, además de insistir que el mismo
“no supone merma de la seguridad actual prestada por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que al
contrario, supone la incorporación de más personal a estas
tareas y por lo tanto un refuerzo de la seguridad”.
Igualmente se ha adelantado que los vigilantes de seguridad
incorporados serán destinados a control de accesos, y salas
de control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de ahí que
se haya asegurado que “la incorporación de empresas privadas
de seguridad no precisa reformar la actual Ley de Seguridad
Privada de 1992”.
Pese a todo, todas las organizaciones sindicales presentes
en las reuniones que se están manteniendo con respecto a
este asunto ha manifestado su rechazo a la incorporación de
empresas privadas a la seguridad exterior de los Centros y
su “enorme preocupación” por el futuro del empleo público en
Instituciones Penitenciarias.
Precisamente, desde la Federación de Servicios Públicos de
la UGT se resaltado que existe una “manifiesta voluntad
privatizadora del Gobierno” y asegura que la Seguridad en
los Centros Penitenciarios entra en la “esfera mercantil del
mundo de los negocios, tal y como se ha hecho con la
educación, sanidad y servicios sociales, entre otras”.
Nuevos servicios
Igualmente, UGT denuncia que se han utilizado de forma
“perversa” las cifras y datos numéricos respecto al elevado
número de policías, frente al de vigilantes, que existe en
España, en lo que para UGT es “una comparación estéril”,
además considera que es “radicalmente falso” que la sociedad
esté demandando nuevos servicios tal y como asegura el
Consejo de Ministros para tratar de apoyar la reforma de la
Ley de Seguridad Privada.
UGT recuerda que la prestación de un servicio de seguridad
de calidad exige una formación de nivel, experiencia en el
desarrollo de las tareas, y potenciación de la investigación
y la especialización. Estas exigencias son las que encarecen
elcosto de estas tareas, de ahí que considere que el modelo
por el que apuesta la Administración es otro: “salarios
mínimos, escasa cualificación, personal subalterno...”
Servicios a contratar
Los servicios que deberá prestar la empresa adjudicataria se
encamarca en el contexto de las funciones generales que de
conformidad con la Ley 23/1992 de Seguridad Privada podrán
desempeñar los vigilantes de seguridad.
Entre estos servicios destacan: Ejercer la vigilancia y
protección de bienes muebles e inmuebles, así como la
protección de las personas que puedan encontrarse en los
mismos; efectuar controles de identidad en los accesos o en
el interior de los inmuebles determinados, sin que en nigún
caso puedan retener la documentación personal; evitar la
comisión de actos delictivos o infracciones en relación con
el objeto de su protección; y poner inmediatamente a
disposición de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su
protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de
los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de
aquellos.
En dicho contexto, las tareas específicas a desarrollar
serán: El control de las puertas del perímetro de todas las
personas que accedan a los centros penitenciarios; Operación
de los sistemas de Control Cerrado de Televisión instalados
en el Centro de Control; Vigilancia desde puestos fijos o
garitas.
Además los puestos a cubrir serán en su mayoría de 24 horas
al día todos los días de la semana aunque también existe un
puesto en el Centro Penitenciario de Valladolid que será de
12 horas al día todos los días de la semana.
Finalmente hay que redaltar que las tareas a desarrollar por
los vigilantes de seguridad, tendrán un carácter
complementario a los servicios de seguridad que en cada
Centro Penitenciario se presten por el personal de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A este respecto,
los vigilantes de seguridad estarán subordinados a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que serán los
encargados de la dirección y coordinación de las tareas, de
ahí que ante cualquier incidencia que se produzca en la
prestación de los servicios, los vigilantes de seguridad
deberán dar cuenta inmediata al Jefe de la Unidad Policial
de Seguridad del Centro o al funcionario de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado más próximo.
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