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La Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía que ayer hicimos pública en
exclusiva es un síntoma del empecinamiento del Gobierno de
la Ciudad en el nombramiento continuo e ilegal de personas
que no tienen legitimidad para asumir los cargos para los
que son designados. A base de Sentencias sobre cargos
políticos que desempeñan labores propias de funcionarios,
este Gobierno no acaba por aprender la lección y se ha
situado en una vorágine de gastos judiciales que se pagarán
con el dinero de todos por unos recursos innecesarios. La
oposición acusa al Ejecutivo de prepotencia (Caballas) y de
actuar al margen de la ley (PSOE) cuando se trata de una
institución representativa que habría de dar ejemplo de
respetar los preceptos legales, y hasta una formación
extraparlamentaria en Ceuta, como UPyD, considera que el
Gobierno podría estar incurriendo en delito si, a sabiendas,
insiste en los hechos judicializados y sentenciados.
La realidad de esta controvertida situación de imputaciones
y sentencias adversas es que se está entrando en una
dinámica de alegalidad peligrosa, que no es la mejor tarjeta
de presentación para un Gobierno que ha de dar ejemplo de
ser garante de la ley y de ejercer buenas prácticas. En la
última semana, entre la dimisión de uno de los “hombres
fuertes” del Ejecutivo y la Sentencia de José Diestro,
desautorizando su nombramiento como director general de
Finanzas y Presupuestos, el Gobierno no ha salido bien
parado. Y para colmo, habrá de hacer frente a las costas
judiciales. Tantos desatinos, ni a propósito.
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OPINIÓN / EDITORIAL
