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El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos,
Emilio Carreira, intervino ayer por primera vez en el Pleno
de la Asamblea para defender la postura del Gobierno en
relación al ‘caso Urbaser’, tras la propuesta presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista acerca de la necesidad de
“someter a auditoría externa” el contrato que mantenía la
Ciudad con la antigua adjudicataria del servicio de limpieza
viaria. Carreira anunció que ha firmado el Decreto en el que
se incluyen seis informes de seis técnicos de la Ciudad y
que ya se han remitido a la empresa para que alegue lo que
considere oportuno.
El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos,
Emilio Carreira, intervino ayer por primera vez en el Pleno
de la Asamblea para anunciar que ya ha firmado el Decreto en
base a los informes en los que “seis técnicos han estado
trabajando en la liquidación del contrato de Urbaser”. El
documento -junto a los informes- ya ha sido puesto ha
disposición a la antigua empresa de limpieza para que
“presente las últimas alegaciones”.
Carreira respondía de esta manera al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, José Antonio Carracao, que
solicitaba al Gobierno local a “someter a una auditoría
externa el contrato que mantenía la Ciudad con la empresa
Urbaser”, la antigua adjdudicataria de la limpieza viaria y
recogida de residuos. Carracao recordó los pagos indebidos
reconocidos por el presidente del Ejecutivo local, Juan
Vivas, de más de 14 millones de euros en concepto de
amortización de maquinaria y la existencia de posibles
descuadres en gastos de explotación dentro del contrato.
También señaló Carracao que el asunto se encuentra en los
tribunales, lo que ha “agravado la sensación de preocupación
en la ciudadanía”.
“Tengo la voluntad de plantearle al gobierno la necesidad de
una auditoría externa porque se están reclamando cantidades
importantes y es necesario aprovechar esta posibilidad”,
comentó el socialista.
Ningún “rasgo de bondad”
Por su parte, Carreira lamentó que el discurso del
socialista se dirigiera por esos cauces, ya que tiene -en
referencia a Carracao- “una extraña manera intentar llegar a
acuerdos”. Además de “desconfiar” del Gobierno, Carreira
aseguró que el socialista desconfía de forma “colosal y
monumental hacia los funcionarios de la Ciudad”. “Este
Gobierno”, insistió “no ha tenido ninguna connivencia con la
antigua empresa de limpieza; este Gobierno está colaborando
con la Policía y la Justicia en todo lo que se le pide” y
criticó que no veía en el socialista ningún “rasgo de
bondad”. En definitiva, “el Gobierno tiene la conciencia
tranquila” y pidió al del PSOE que “no maree más el asunto”
y reiteró que Urbaser “no ha cobrado ni va a cobrar ni un
sólo euro más de lo que le corresponde”.
Por su parte, Carracao le recordó que fue Carreira el de las
“carracadas” y consideró que “al Gobierno le faltó interés
cuando se habló de los descuadres”. “Me podría dar una
lección de moral si el primer decreto que firme fuera el de
la contratación de una auditoría externa”, dijo y le achacó
además una “falta de transparencia” en el asunto.
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Aróstegui: “No consideramos que exista un ilícito penal”
“Es un asunto que ha nacido
viciado desde el primer día”. Con estas palabras comenzaba
ayer su intervención en la propuesta del GPS el diputado de
Caballas Juan Luis Aróstegui, que no tardó en defender la
postura del Gobierno local. “Desde el punto de vista
objetivo, estos hechos son o no imputables al Gobierno de la
Ciudad; nosotros pensamos que el Gobierno tiene una
responsabilidad muy clara por no haber velado por el
cumplimiento del contrato [...] pero también, de lo que ha
sucedido, no consideramos que exista un ilícito penal, razón
por la cual, nosotros no nos sumamos a aquella corriente de
opinión pública porque nos parece que siempre hay que ser
honesto y honrado; es muy difícil, evaluar con precisión”
cuál es la situación de estos descuadres, afirmó. Ante estas
palabras, el portavoz de los socialistas, José Antonio
Carracao, aseguró que, aunque Aróstegui lo hubiera hecho, él
no iba a poner “la mano en el fuego” por el Ejecutivo local.
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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
