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La Ciudad Autónoma de Ceuta parece
envuelta en una dinámica judicial sin solución de
continuidad. No sólo los “casos” de los directores generales
sino que funcionarios y laborales han llevado al Gobierno de
Juan Vivas a los Tribunales: en unos casos, por lo
Contencioso-Administrativo y en otros, al de lo Social. Algo
se está haciendo mal: cuando no son casos de nombramientos
que no se ajustan a la ley, es el de empleados públicos a
los que no se les abonan los pluses que les corresponden y,
encima, bajo juramento, se miente ante el juez con
testimonios falsos o, como en el caso, ayer, del antiguo
Director de Gestión Interna que reclama su vuelta al puesto
que ocupaba en la Unidad Técnica de Nóminas, donde una
persona estuvo utilizando durante nueve meses su firma
digital sin su autorización.
La presencia de la Ciudad ante los Tribunales de manera tan
reiterada, no ya por el caso de Urbaser o por el que puede
seguir esta dinámica sobre el contrato público de la
Publicidad Institucional, sino también por conflictos de
tipo laboral, no hace mas que demostrar la mala praxis que
se lleva y los comportamientos arbitrarios, que han hecho
que los sindicatos hayan llevado nombramientos irregulares o
impago de sustituciones por realización de trabajos de
superior categoría que se han negado a abonar. Sin
olvidarnos de la cadena de reclamaciones por vía judicial
sobre los “recortes” en la paga extraordinaria de diciembre
o los descuentos indebidos, antes de que entrara en vigor el
Real Decreto alusivo a esta cuestión el 16 de julio, cuando
ya se habían devengado cantidades durante 14 días previos a
dicha resolución y a nivel nacional está suponiendo la
devolución de cantidades. La austeridad y las malas
gestiones políticas, lo judicializan todo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
