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Las huellas que provocan la
situación de crisis económica y sus repercusiones en la
disminución del consumo eléctrico y de las expectativas de
vida durante 2012, la negociación de los convenios
colectivos y la necesidad de prorrogar sus contenidos, así
como la preocupante opacidad en los Planes de Empleo de la
Ciudad, son cuestiones que ponen en valor la sensibilidad de
un sindicato que ha sido capaz de voltear el nombramiento de
un Director General que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha sentenciado como ilegal. Todo este cúmulo de
circunstancias nos sitúan en un umbral que nos lleva a
plantearnos que en las actuales circunstancias se ha de ser
mucho más rigurosos y evitar situaciones sospechosas que
conducen a la desconfianza en unos casos, y a los Juzgados
en otras.
Antonio Gil se ha preguntado que cuáles son las razones para
que en los Planes de Empleo, unos trabajadores repitan y
otros no, a qué obedece que no se haga pública la baremación
que lleva a elegir a unos parados sobre otros y, sobre todo,
qué se pretende ocultando unas listas de beneficiarios de
los programas de los Planes de Empleo, cuando la propia
esencia de los mismos exige que han de ser público,
notorios, diáfano y transparente todo el proceso. No se
entiende que traten de eludir el rigor y la claridad en este
asunto de tanta sensibilidad social.
Un sindicato denuncia una situación que estima sospechosa,
su secretario general habla de “cortijo” de algunos, de
“enchufados” de connivencia entre la Ciudad Autónoma de
Ceuta, sin que nadie se inmute. Estamos ante un halo de
sospechas que se despliega sobre los responsables de estos
organismos. Y nadie replica ni reacciona.
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OPINIÓN / EDITORIAL
