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La reforma conlleva un incremento del recibo de la luz del
3,2% a partir de agosto, con el objetivo de elevar los
ingresos. Márquez se felicita porque el Gobierno central
mantenga su compromiso de garantizar el acceso a la energía
a los consumidores finales locales en precios similares a la
Península, algo que cuesta más de 20 millones de euros al
año.
Los consumidores asumirán parte de los recortes tanto en el
recibo de la luz (con futuras subidas) como a través de los
PGE, que se cubren con sus impuestos. El mes de julio llegó
con una subida de la luz del 1,2%, y agosto empezará con
otro incremento. La reforma conlleva un incremento del
recibo de la luz del 3,2% a partir de agosto, con el
objetivo de elevar los ingresos en 900 millones de euros
adicionales.
El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes un Real
Decreto Ley con medidas urgentes para “garantizar la
estabilidad financiera del sector eléctrico” y un
Anteproyecto de Ley del sector eléctrico que contempla “un
reparto del esfuerzo para equilibrar el sistema entre
empresas, consumidores y Estado”. Los usuarios finales,
familias y empresas, en Ceuta y el resto de España, verán
encarecidos sus recibos. Industria crea, además, un nuevo
sistema de tarifas que abre la puerta a nuevas subidas en el
recibo de la luz en el futuro. Y es que se impulsa una
revisión automática del recibo si se detecta un desajuste
entre los ingresos y los costes del sistema. Según el
Ejecutivo de Rajoy, de los 4.500 millones de desequilibrio
entre lo que cuesta producir y distribuir la energía y lo
que se paga por ella, 2.700 millones serán asumidos por las
compañías a través de modificaciones en sus retribuciones,
900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través
de los Presupuestos Generales y los 900 millones restantes
serán asumidos por los consumidores a través de una subida
de peajes.
El diputado nacional por Ceuta, Francisco Márquez, se ha
congratulado porque el Gobierno del PP haya metido mano a
una “losa que amenazaba con tumbar el sistema que habíamos
heredado de la regulación muy deficiente, penosa, del
anterior Gobierno socialista” y se ha congratulado porque el
Estado mantenga sus compensaciones a la España
extrapeninsular, donde la generación y distribución de la
electricidad es mucho más cara.
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