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Las mujeres que no tengan pareja o cuya pareja sea otra
mujer quedarán excluidas de la financiación pública de los
tratamientos de fertilidad si finalmente se aprueba la
propuesta enviada por el Ministerio que lidera Ana Mato a
las comunidades autónomas para su aprobación en el Consejo
Interterritorial de Salud que se celebrará el próximo
martes. Al Partido Socialista, esta propuesta le parece
“anticonstitucional, discriminatoria e indignante”, tal como
explica su secretaria de Igualdad local, Sandra López.
Un problema de fertilidad será el único criterio que se
tenga en cuenta para que el Estado financie los tratamientos
de reproducción asistida (inseminación artificial,
fecundación in vitro, etcétera) si finalmente se aprueba la
propuesta que -según recoge El País- ha enviado el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a las
comunidades autónomas. El documento debería aprobarse en el
Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará el
próximo martes. Problemas de fertilidad que se concreten,
además, en “parejas integradas por un hombre y una mujer”.
Quedarían por tanto excluidas de los tratamientos de
fertilidad las mujeres que no tengan pareja o cuya pareja
sea otra mujer.
El PSOE considera que esta propuesta es “anticonstitucional
y discriminartoria”, además de “indignante”, tal como señala
a EL PUEBLO la secretaria de Igualdad del PSOE ceutí, Sandra
López Cantero. “La sanidad como cualquier otro servicio
público está para dar cobertura a los derechos de la
ciudadanía -añade también el secretario de Sanidad y
Servicios Sociales del los socialistas ceutíes, Pablo
Núñez-. Parece que para el PP tener familia es algo
exclusivo para los heterosexuales con pareja y no un derecho
de todos”.
Desde el Ministerio que lidera Ana Mato aseguran -recoge
también el rotativo nacional-, que detrás de esta acotación
no hay motivos ideológicos y que la medida se toma para
“priorizar”. “Se atenderá estrictamente a criterios
terapéuticos y preventivos”, señalan.
‘Puerta del Mar’, en cádiz
La reproducción asistida en Ceuta se deriva, como centro de
referencia, al Hospital ‘Puerta del Mar’, en Cádiz, según
informan desde el Ingesa (Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria). Al no contar con este servicio en la cartera
local, no es el Ingesa quien dirige el protocolo pertinente
y establece en Ceuta los criterios, sino el mismo hospital
gaditano, explican desde el Ingesa.
La secretaria de Igualdad explica en este sentido que aunque
en Ceuta las mujeres no se sometan a los tratamientos de
fertilidad, “la propuesta de Sanidad afecta de igual modo,
lo mismo que ocurre con otros temas como el aborto, ya que
es la Seguridad Social la que hasta ahora cubría el
tratamiento y los gastos de derivarte a otra comunidad”. “Ha
habido casos en los que se han rechazo a algunas mujeres y
desde el Congreso íbamos a preguntar por qué”, apunta López.
“Porque esta discriminación va en contra de la igualdad de
trato”, añade.
“Derecho a la maternidad”
La socialista señala la indignación también de su homóloga a
nivel nacional, Purificación Causapié, que estuvo en Ceuta a
principios de este mes. Causapié considera, según recoge el
PSOE en una nota de prensa, que esta medida supone “un nuevo
ataque del PP a la libertad de las mujeres al impedir su
derecho a la maternidad”. Asimismo, ha denunciado el
“carácter ideológico” que encierra esta propuesta, “que
promueve un único y exclusivo modelo de familia, aquel en
que la pareja está integrada por un hombre y una mujer”.
Causapié denuncia el trato “discriminatorio hacia las
mujeres que deciden ser madres sin pareja y hacia las
parejas de mujeres que deciden tener una familia”. “La
diversidad familiar es una realidad presente en nuestra
sociedad, apoyada y reconocida, y sin embargo, este tipo de
medidas ponen de manifiesto la ideología homófoba y sexista
del Partido Popular”, concluye.
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Diferencias entre las autonomías; Andalucía entre las más
permisivas
La normativa actual establece —a
través de un Real Decreto de 27 de mayo de 2006— que la
sanidad pública sólo financia la reproducción asistida
cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación
clínica establecida”. Es por esta vía por la que algunas
comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros
hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres
lesbianas o sin pareja, que quizá no fueran estériles pero
que no podían engendrar el hijo solas. En otras regiones, la
Administración se aferraba textualmente a la necesidad de
que hubiera ese diagnóstico de esterilidad. Explícitamente,
el Real Decreto recoge que la mujer puede ser receptora “con
independencia de su estado civil y orientación sexual”.
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SANIDAD y política
