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Nunca, en mi larga trayectoria
profesional, me he encontrado con un informe o dictamen que,
con solo tres palabras, emitan una clara opinión o juicio
formulada sobre algo concreto, como las pronunciadas por el
ex-interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel
Gómez ante la Magistrada instructora de los ERE que deja
malparado, en este escabroso asunto, al presidente andaluz
José Antonio Griñán. Y así vemos que, en sus declaraciones
ante la jueza, la “displicencia” aplicada a Griñan la dice
el interventor para hacer valer el desagrado o indiferencia
en el trato y desaliento en la ejecución de una acción, por
dudar de su bondad o desconfiar de su éxito. La “pasividad”
del sujeto que recibe la acción del agente, sin cooperar con
ella o dicho de una persona que deja obrar a los demás sin
hacer por si cosa alguna y la “incuria”: poco cuidadoso,
negligente.
El principio de los Expedientes de Regulación de Empleo
(“caso ERE de Andalucía”, el ”fondo de reptiles” o el “ERE
gate”, como así indistintamente se le viene llamando),
comenzó en el año 2001 en que el gobierno de la Junta inició
un procedimiento para respaldar económicamente a empresas
con problemas que se veían obligadas a presentar estos
expedientes para realizar prejubilaciones o despidos y a los
trabajadores afectados por los ERE, habiéndose dotado hasta
el año 2011, con 721 millones de euros y, para su
finalización, debería estar ampliado hasta la cifra de 1.217
millones.
Todo ello deja en un lugar, si no delicado, si de difícil
salida para José Antonio Griñan, gobernante andaluz al que,
según también el interventor general, los informes que
emitía lo alertaban de graves irregularidades, con grandes
desajustes en los pagos de los ERES que ya en el 2005,
superaron los 95 millones de euros. A través de este “fondo
de reptiles”, presuntamente, se distribuyeron las
prejubilaciones irregulares pagadas a personas que nunca
habían trabajado en las empresas afectadas, subvenciones a
empresas que nunca habían presentado un ERE e, incluso, a
personas que nunca llegaron a crear ninguna empresa y
comisiones muy por encima del valor de mercado de los
intermediarios entre la Junta y los trabajadores de
aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicatos.
En total se defraudaron, presuntamente, unos 136 millones de
euros que es lo que viene a ser la asignación causa de la
corrupción política que empezó en Mercasevilla en la que,
como inicio, se detectaron prejubilaciones al parecer
fraudulentas.
Ahora se nos anuncia la próxima dimisión del cargo, para el
27 de agosto del presente año, del Presidente de la Junta de
Andalucía, aun cuando la acción de la justicia sigue su
curso con la posible imputación del mismo, en unión de otros
altos cargos que fueron de la Junta como Magdalena Álvarez
ex-Ministra, ex-diputada del Parlamento Europeo y
actualmente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Hay, de momento, 60 imputados, entre ellos siete altos
cargos de la Junta en esta trama de corrupción en el seno de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ante ello
ahora solicitan, contra quienes se dirige el proceso penal,
que el caso de los ERE pase al Tribunal Superior de Justicia
lo que evidencia que se está dando implícitamente por
imputado a José Antonio Griñán y que no son, pues,
exacerbadas las apreciaciones de displicencia, pasividad e
incuria con que le calificó, a instancias de la Magistrada
Mercedes Alaya, el Interventor General de dicho organismo.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
