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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía junto a
la Federación Andalucía Acoge, la Federación de asociaciones
de SOS Racismo y la Asociación ELIN han interpuesto una
queja a la Defensora del Pueblo solicitando que se requiera
al Ministerio del Interior a abrir una investigación
inmediata sobre cómo se están gestionando los casos de
devolución y rechazo en las fronteras de Ceuta y Melilla y
cómo están actuando los agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en este ámbito.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha
solicitado su adhesión a la campaña “Nº9 Basta de Violencia
en las Fronteras” iniciada por cuatro asociaciones
marroquíes (ALECMA, GADEM, FMAS y AMDH) con el objetivo de
denunciar la violación de los derechos humanos en el norte
de Marruecos y exigir el fin de la represión sistemática que
sufren los migrantes por parte de las autoridades marroquíes
y españolas. La campaña, presentada públicamente a finales
del pasado mes de junio, fue emprendida tras una misión
llevada a cabo en el monte Gurugú (cerca de Melilla) en
marzo de 2013 para documentar las consecuencias de la
violencia policial contra los migrantes. Los testimonios
recogidos en esta misión están presentados en un impactante
documental realizado por Sara Creta, traducido al castellano
por APDHA y accesible en youtube. Además, la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía junto a la Federación
Andalucía Acoge, la Federación de asociaciones de SOS
Racismo y la Asociación ELIN han interpuesto una queja a la
Defensora del Pueblo Español solicitando:
Que se requiera al Ministerio del Interior a abrir una
investigación inmediata sobre cómo se están gestionando los
casos de devolución y rechazo en las fronteras de Ceuta y
Melilla y cómo están actuando los agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado en este ámbito.
Que se requiera al Ministerio de AAEE y Cooperación que
solicite a las autoridades marroquíes aclaraciones sobre los
hechos descritos en el documental nº9 y que proponga al
Gobierno español que se deje sin efecto el acuerdo bilateral
de repatriación España-Marruecos hasta que el país magrebí
garantice en su territorio el respeto de los derechos
fundamentales de los migrantes subsaharianos.
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