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UGT y CCOO pedirán a la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo que interponga cuestión de inconstitucionalidad
contra el mismo por violación de los artículos 14 y 28 de la
Constitución española e, igualmente, se dirigirán a la
Defensora del Pueblo para que presente ante el Tribunal
Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.
El 3 de agosto se publicó el Real Decreto Ley 11/13, de 2 de
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social. Nuevamente, en lo que supone una constante del
actual Gobierno, se acude al Real Decreto Ley para legislar
en materia laboral, con claro menosprecio a la separación de
poderes, alegando razones muy discutibles de urgencia y
necesidad, que podrían afectar a su constitucionalidad; y
omitiendo asimismo la consulta previa en aspectos relevantes
del mismo que afectan a materia laboral en contraposición
con la consulta sí efectuada en el caso de la protección
social del contrato a tiempo parcial.
Además, y cediendo a las presiones de grupos de empresas
multinacionales, introduce una importante modificación en el
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jornada (RD
1483/2012), con un claro perjuicio para los trabajadores de
las empresas domiciliadas en España pertenecientes a grupos
multinacionales, al suprimir la obligación de entregar a la
representación de los trabajadores y a la autoridad laboral
la documentación que afecta a todas las empresas, sea cual
sea el domicilio de la empresa dominante.
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sindicatos
