|
El juez ha dado la razón a la Asociación Deportiva Ceuta y
ha dejado en el más completo fuera de juego, tanto a la
Ciudad Autónoma de Ceuta (valedora de las incompatibilidades
de García Gaona), como a la Federación de Fútbol de Ceuta,
cuyo presidente contó con la connivencia del Ejecutivo local
para modificar unos Estatutos federativos que le
imposibilitaban compaginar el máximo cargo federativo con
los negocios directos a su empresa de viajes. Una artimaña
que contó con las bendiciones de la Ciudad Autónoma y que
ahora, el juez de lo Contencioso-Administrativo, anula para
sonrojo de quienes quisieron mirar hacia otro lado, a
sabiendas que se cometía una grave injusticia y un beneficio
directo para la cuenta de resultados de una empresa privada
que se nutria de la Federación de Fútbol de la que su
administrador es el máximo responsable.
Existen facturaciones importantes de muchos miles de euros a
favor de Viajes Trujillo, pero no importó a la Ciudad
Autónoma, como tampoco que los desplazamientos de los clubes
adscritos a la Federación de Fútbol siempre se hicieran con
la empresa de su presidente. ¡Qué importa cuando hay
generosidad, tolerancia y mirada distraída de la Ciudad
Autónoma para beneficiar a su protegido! Si se pierde el
contencioso, ya pagarán –como sucederá ahora- todos los
ceutíes con el dinero de sus impuestos despilfarrado.
La Consejería de Juventud, Deportes, Turismo y Festejos se
apoyó en un silencio administrativo que entendió como
positivo y que ahora el juez lo anula, además de considerar
el “carácter desestimatorio de la modificación estatutaria
–según la Sentencia-, por la disposición expresa del último
párrafo del artículo 19 del Reglamento del Registro General
de Asociaciones Deportivas”
La nulidad dictada por Sentencia supone ahora que no están
aprobados los actuales Estatutos y que la Ciudad ha de
pronunciarse, es decir, “mojarse” y no ampararse –como
hizo-, en el silencio administrativo para dar viabilidad a
una ilegalidad. “Ha de pronunciarse de nuevo el órgano
administrativo competente –dice la Sentencia-, sobre la
modificación estatutaria”.
Entendidos en la materia ya afirmaron en su día que se
estaba cometiendo una irregularidad y ahora se demuestra que
la decisión no es conforme a derecho. El Juzgado estima que
hubo un atropello a los derechos legales que no se
contemplaron y que no era de aplicación la normativa a la
Federación de Fútbol, ya que según la Sentencia-, “se
configuran como asociaciones de carácter privado y ejercen,
por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo”, por ello el juez considera que “el silencio
se habría de entender en todo caso negativo conforme al
artículo 43.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, por estar
afectado al servicio público al que sirve”.
Ahora, llega el momento de que el Consejero decida si es o
no legal la aludida modificación estatutaria que la
Federación de Fútbol ha hecho para beneficiar a su
presidente y a sus negocios al amparo federativo. Es decir:
ha de “mojarse”, con las responsabilidades a que también
hubiera lugar sobre el mencionado pronunciamiento. Claro que
cabe preguntarse. ¿A qué tantas molestias si no hay de por
medio algún negociete? Resultaba obvio que había un serio
“inconveniente” para seguir las prácticas empresariales con
un serio riesgo de incompatibilidad que había de
solucionarse, aunque fuera de manera chapucera y burda.
Nueve meses después, la Justicia se pronuncia, con un
desfase en el tiempo, cuando ya se ha actuado con impunidad
y al amparo de un período en el que se consideraba legal
algo que el juez estima ahora ilegal, pero más de uno podrá
pensar que “le quiten lo bailao”.
Una vez más se demuestra con absoluta claridad los excesos,
esos abusos políticos, con sentido benefactor por intereses
ocultos y jugando con cierto sentido de impunidad que acaba
con pronunciamientos judiciales como éste que nos ocupa, en
el que la Justicia sitúa a cada uno en su lugar. Otro juicio
más perdido por la Ciudad (¿cuántos van ya?), por actuar con
negligencia, prepotencia y tozudez. Así, desde luego, no se
defienden los intereses generales. Bonita manera de
beneficiar a quien se sitúa bajo sospecha por conductas al
margen de la ley.
Quienes dicen ser respetuosos con los pronunciamientos
judiciales, a ver si de una vez por todos, aprenden la
lección y no hacen de su capa un sayo o se pasan por el arco
del triunfo las ilegalidades.
|
analisis
