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					El Grupo Coalición Caballas, con relación al último suceso 
					ocurrido en la ciudad y en el que un hombre perdió la vida 
					tras un tiro en el estómago, emitió ayer un comunicado de 
					prensa para denunciar la “creciente e insólita ola de 
					inseguridad ciudadana que está asolando la ciudad”, 
					asegurando que esta situación tiene “sobrecogida y 
					atemorizada” a la población.  
					 
					Para Caballas, la sensación de la ciudadanía es que “el 
					Gobierno ha perdido el control de la situación y la 
					delincuencia se mueve con plena libertad poniendo en grave 
					riesgo la integridad física de todos”.  
					 
					Dos asesinatos en apenas dos meses a plena luz del día, en 
					lugares muy transitados por la población, ha hecho, según 
					Caballas, “saltar las alarmas, excepto para el máximo 
					responsable en esta materia, el Delegado del Gobierno, que 
					cuyas bravatas ya suenan a sarcasmo y cuyas explicaciones 
					suenan cada vez más a burla”. 
					 
					Coalición Caballas se ha hecho eco de la “indignación y 
					hastío” que tiene la ciudadanía por “tanta desidia y tanta 
					incompetencia”.  
					 
					Tal y como se destaca en el comunicado de prensa, los 
					gobernantes no puede “esconder la cabeza debajo del ala” por 
					más tiempo, de ahí que la coalición considere preciso actuar 
					con firmeza y determinación, y hacerlo de inmediato.  
					 
					Caballas exige al delegado del Gobierno el diseño y 
					desarrollo de un Plan de Emergencia sobre Seguridad 
					Ciudadana, que acometa todas las líneas de actuación 
					posibles tendentes a recuperar la seguridad como un derecho 
					esencial de los ciudadanos. 
					 
					A este respecto, Caballas muestra públicamente su 
					disposición a colaborar y apoyar a la Delegación del 
					Gobierno en cuantas actuaciones sean pertinentes en orden a 
					esta finalidad; pero advierte que no va a tolerar la 
					pasividad, resaltando que cuestionarán al Gobierno en el 
					Congreso de los Diputados, y estudiarán la posibilidad legal 
					de que prospere una querella contra el delegado del Gobierno 
					por “dejación de funciones con riesgo para la vida de las 
					personas si este asunto no se aborda con el rigor que, 
					justamente, demandan a gritos los ceutíes”. 
					 
					 
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