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El superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, se
reunió ayer con las centrales sindicales con el objeto de
plantear el procedimiento por el cual se pretende ocupar las
vacantes para la futura Unidad de Proximidad y Atención al
Ciudadano (UPAC). Gómez trasladó a los sindicatos su
propósito de cubrir las plazas con personal “sobrante y de
menor antigüedad del 092 y Tráfico”.
El nuevo organigrama de la Policía Local y la
reestructuración que se está intentando llevar a cabo sigue
dando muchos quebraderos de cabezas y gracias a la futura
creación de la Unidad de Proximidad y Antención al Ciudadano
(UPAC), que inicialmente y tal y como así lo anunciaba la
consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel,
se preveía que estuviera operativa en el primer trimestre
del presente año, aunque dentro de unos días dará comienzo
el último trimestre de 2013 y todavía existen muchos flecos
sobre este asunto, tantos como treinta vacantes de agentes
para la UPAC, un inspector y dos subinspectores.
Precisamente, el pasado mes de enero ya se daba a conocer el
nuevo organigrama de la Policía Local, el cual ha sido
elaborado por realizado por el superintendente de la Policía
Local, Ángel Gómez, y cuatro inspectores, y que quedaría de
la siguiente forma: La UPAC estaría compuesta por un
inspector, 2 subinspectores, 4 oficiales y 41 policías; el
092 contará con un inspector, 5 subinspectores, 10 oficiales
y 75 policías; la UIR quedaría formada por un inspector, 2
subinspectores, 1 oficiales y 28 policías; Tráfico estaría
compuesta por un inspector, 2 subinspectores, 3 oficiales y
39 policías; el GOA que estaría compuesto por un
subinspector y 8 policías, además de otros 71 efectivos más
entre subinspectores, oficiales y policías repartidos por
otros servicios de la Jefatura.
Para intentar agilizar los trámites y que finalmente la UPAC
pueda estar en funcionamiento, según el superintendente de
la Policía Local, a partir del próximo mes de octubre, Gómez
citó ayer a las centrales sindicales con el objeto de
plantear el procedimiento por el cual se pretende ocupar las
vacantes para la futura Unidad de Proximidad y Atención al
Ciudadano (UPAC). Como ya adelantó este diario el pasado
martes, la intención del superintendente es cubrir esas
vacantes con el personal sobrante de las otras unidades y a
su vez les de menor antigüedad.
Este criterio no es compartido por las centrales sindicales,
las cuales excepto CCOO, que no quiso realizar ninguna
valoración a este medio, mostraron su disconformidad a que
se aplique dicho criterio para terminar de cubrir las plazas
vacantes de la UPAC.
Por su parte, el ugetista Juan Francisco Vega trasladó ayer
al superintendente la postura de UGT, manifestando que las
plazas deben vover convocarse tal y como marca la ley, por
procedimiento de concurso en el que se bareme la capacidad,
el mérito y la antigüedad de los funcionarios que puedan
optar a dicho puesto. Del mismo modo indicaba que este mismo
procedimiento es el que la Administración debe poner en
marcha para cubrir las plazas de subinspector y oficiales,
manifestando que de no ser así “están quitándole esa
oportunidad a aquellos mandos de carrera que quieran acceder
a dichos puestos”.
Pese a todo, Vega considera que la futura UPAC “es un
servicio político, retrógrado y no está adaptado a los
tiempos”, además de manifestar que “lo que realmente se debe
hacer es ampliar el servicio de seguridad ciudadana (092)”.
Ricardo Martínez, presidente autonómico de CSI-F en Ceuta
manifestaba tras la reunión reconocía a EL PUEBLO que “la
situación hay que estudiarla muy bien y plantear posibles
criterios para la provisión de dichas vacantes en una futura
Mesa General de Negociación ya que hay que recordar que el
complemento específico de los funcionarios que pasen de una
unidad a la UPAC se verá alterado”.
Martínez reconocía que el criterio general es el de la
antigüedad, siempre y cuando tras celebrarse un proceso
selectivo como el iniciado el pasado mes de abril en el que
se convocaron 36 plazas para la UPAC quedaran tras el mismo
plazas sin cubrir, pero advirtió que “en el ámbito de la
antigüedad hay que tener mucho cuidado ya que las 27
vacantes que todavía quedan para la UPAC deberían ser
cubiertas por los 27 últimos agentes que hayan entrado en el
cuerpo de la Policía Local, independientemente de la unidad
a la que pertenezcan”.
Finalmente, el presidente autonómico de CSI-F en Ceuta,
Ricardo Martínez realizó esta apreciación ante la intención
del superintendente de la Policía Local de mover a los
agentes sobrantes y de menor antigüedad existentes en las
unidades de Tráfico y 092, insistiendo en que “puede darse
el caso de que hayan agentes de menor antigüedad en otras
unidades, y por consiguiente deben ser ellos los que ocupen
las plazas vacantes de la Unidad de Proximidad y Atención al
Ciudadano (UPAC)”, concluyó.
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El nuevo Reglamento Regulador de la RPT recoge una
posibilidad de una ‘provisión forzosa’
El capítulo IV del nuevo
Reglamento Regulador de la Relación de Puestos de Trabajo
que en la última Mesa General de Negociación aprobaron tanto
las centrales sindicales como la Administración Local recoge
en su artículo 48, partado B la posibilidad de una provisión
de una vacante de forma forzosa. El citado artículo recoge
textualmente: “Podrán acordarse también comisiones de
servicios de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso
para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y
sea urgente para el servicio su provisión podrá destinarse
con carácter forzoso al funcionario que cumpliendo los
requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo, se
estime ocasione menor detrimento al servicio del que
proviene, debiéndole dar previa audiencia para decretar la
citada comisión”. Hay que recordar que las 36 vacantes para
la UPAC fueron convocadas a través de un concurso y tan sólo
se han cubierto 9, quedando por tanto un total de 27 plazas
sin cubrir, por lo que podría darse el caso de que dichas
plazas sean designadas con carácter forzoso por parte de la
administración, aunque también hay que resaltar que este
reglamento todavía no ha sido aprobado en sesión plenaria y
por consiguiente no ha sido publicado en el BOCCE.
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