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El pasado jueves se produjo un
nuevo avance en la posición pertinaz del Ministro Wert y del
Gobierno del Sr. Rajoy, de seguir manteniendo su posición
inamovible en afianzar a toda costa la Ley Wert, con su
aprobación en el Congreso de los Diputados. Nadie les quita
la legitimidad para poder ejercer su mayoría absoluta, pero
en democracia aunque se respeta la legalidad, también es muy
importante el diálogo y poder convencer con la razón de los
argumentos, no sólo con la mayoría de los votos.
El resultado obtenido por el Grupo Parlamentario del Partido
Popular no convenció a la inmensa mayoría de los partidos de
la oposición, algo que se puede considerar natural, pero no
es normal la aprobación de una Ley solamente con el apoyo
del grupo político que la presenta. Ya hace muchos años que
este hecho no sucedía en la vida parlamentaria de nuestro
país. Pero es que no estamos comentando solamente un asunto
de aritmética Parlamentaria. Una gran parte de los sectores,
asociaciones, grupos, organizaciones sindicales y miembros
de la Comunidad Educativa: Madres, padres, estudiantes y
profesorado están en contra de esta Ley.
Podríamos estar de acuerdo en que algunos aspectos de la
actual Ley vigente podrían mejorarse, pero de ahí a tener
que establecerse una Ley nueva, con las características de
la que se pretende implantar, es un ataque despiadado a la
línea de flotación de una serie de derechos que constituyen
el armazón principal de la Escuela Pública. La Ley Wert nos
retrotrae a una España preconstitucional, a lo que se viene
a llamar una España en blanco y negro. En la que pueden
peligrar la igualdad de oportunidades para las clases
sociales más desfavorecidas.
La Constitución nos permite ejercer nuestros derechos de
opinión, de manifestación, de huelga y la libertad de
expresión. Nada imposibilita que se nos puedan restringir si
cumplimos los preceptos Constitucionales. Mientras el
proceso parlamentario no llegue hasta el final, es legal y
legítimo seguir ejerciendo esos derechos. Soy consciente que
inmediatamente puede llegar la opinión contraria que
manifieste: “Hay quienes pretenden conseguir en la calle lo
que no obtuvieron en las urnas”. Todo el respeto para las
urnas, pero también todo el respeto a las libertades que
ofrece un Estado democrático como el nuestro.
Mencionaba en el título del artículo la necesidad de
perseverar en la esperanza de conseguir el cambio de la
LOMCE. Hasta el último segundo de su trámite considero que
no debemos dejar de permanecer atentos y activos; pero al
margen de lo que suceda no podemos caer en el desánimo, el
pesimismo y pensar en el fatalismo que nos deparará el
futuro educativo. Dentro de breves días, concretamente el
día 24 de octubre, tendrá lugar una huelga general en el
sector de la enseñanza a nivel nacional, con manifestaciones
en las que se tiene mucho que decir.
Pero seguirán produciéndose más acontecimientos. En la
segunda semana de noviembre, el PSOE celebra su Conferencia
Política, en la que proyectará a todos los rincones de
nuestra geografía nacional, sus ideas, propuestas,
alternativas y planteamientos de compromiso con la sociedad
española. El Partido Socialista no piensa esconder sus
proyectos para España, ni se limitará a desprestigiar o
acusar simplemente al Sr. Rajoy de los males de nuestro
país. En eso era especialista el Partido Popular, cuyos
objetivos pasaban exclusivamente por desprestigiar al
Gobierno, no ofrecer alternativas que pudieran poner en
peligro su imagen y esperar a que el Poder Ejecutivo tuviera
más dificultades, para presentarse como la única posibilidad
real de crear empleo, defender el estado de bienestar y
salvar a los ciudadanos españoles de la mala situación en la
que nos encontrábamos. Ya sabemos lo que nos están
ofreciendo al respecto y del incumplimiento de sus promesas.
El pasado jueves, en las puertas del Congreso de los
Diputados también se plasmó una imagen, la de la inmensa
mayoría de la oposición, que se congregó para manifestar no
sólo el rechazo a las pretensiones educativas del Gobierno,
sino que como en reiteradas ocasiones han manifestado,
Alfredo Pérez Rubalcaba y otros altos dirigentes
socialistas, así como la mayor parte de los líderes de la
oposición, cuando el PP pierda la mayoría absoluta, esta Ley
educativa que se pretende aprobar se derogará.
Con la Ley Wert se van a transgredir demasiados derechos
consolidados. Como manifestaba el portavoz socialista, Mario
Bedera”, “se recordará al Sr. Wert como al ministro que
intentó acabar con la igualdad de oportunidades y hacer
mucho más difícil que los hijos de las familias más
necesitadas puedan acceder a la universidad” Como expresó
también durante su presencia en nuestra ciudad, “es
necesario que se dialogue, pero antes de presentar la Ley
como algo inevitable y que verdaderamente exista voluntad de
escuchar y ser flexibles”. Que una ideología perfectamente
delimitada y planificada, como la que está detrás del Sr
Wert, no sea la que marque la pauta irreductible de sus
objetivos.
El PSOE no va a entrar en el juego político de cambiar por
cambiar, sino de escuchar primero a los ciudadanos,
asociaciones de madres y padres, estudiantes, profesorado,
rectores, organizaciones sindicales, y todos aquellos grupos
que tienen que ver con la enseñanza, porque en primer lugar,
por delante de cualquier interés ideológico, debe estar el
servicio a todos los ciudadanos sin exclusión, dialogar,
llegar a acuerdos; que ya intentó el anterior Ministro
socialista, Ángel Gabilondo, que dejó todo preparado para la
firma de un acuerdo, recogiendo e integrando diversas
sensibilidades y acercando posiciones, pero que
políticamente, por intereses electorales del PP, no contó
con su colaboración. Por encima de los intereses políticos,
el PSOE pretendió en aquella ocasión contribuir a un acuerdo
para la mayoría de la sociedad española, que es por lo que
seguirá trabajando.
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OPINIÓN / COLABORACION
