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El proyecto de ley de seguridad privada pasó ayer por el
Congreso donde se encontró con dos enmiendas a la totalidad,
de las cuáles una fue retirada finalmente por CiU tras
acordar con el Gobierno introducir varias modificaciones en
el texto. El diputado por Ceuta, Francisco Márquez, fue el
portavoz del Grupo Popular en el debate de este proyecto de
ley. Durante su intervención, Márquez abogó por la sinergia
entre seguridad pública y privada que plantea la nueva ley y
con la que quiere mejorar la eficacia y eficiencia de la
seguridad ciudadana. Eso sí, sin “privatizar” en ningún
momento la seguridad, según puntualizó.
El diputado por Ceuta, Francisco Márquez, defendió ayer en
el Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Privada con el
que el Gobierno pretende, entre otros objetivos, favorecer
la colaboración entre este sector y el de la seguridad
pública. Precisamente este es el aspecto que más polémica ha
causado ya que desde la bancada de la oposición se acusó al
Ejecutivo de querer “privatizar” la seguridad pública con la
aprobación de este texto. Sin embargo, tanto Márquez como el
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayaron en su
intervención en la Cámara Baja que el proyecto se asienta en
la base de “la irrenunciable preminencia” de la seguridad
pública sobre la privada, respecto a los principios de
complementariedad y colaboración.
Márquez aseguró que era una “necesidad” reformar la actual
ley que data de 1992 y que ha quedado “desfasada”. Durante
su intervención en nombre del Grupo Popular en el Congreso,
el diputado explicó que con la nueva ley se introduce “un
concepto más controlador y sancionador sin renunciar al
monopolio en el control de la seguridad”. El parlamentario
ceutí señaló como con el texto se quiere aprovechar todas
las capacidades del sector y crear sinergia con los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, darle el respaldo
jurídico necesario, y poner obstáculos al intrusismo en la
seguridad privada.
Informe de los servicios
Entre otras novedades que introduce el proyecto de ley,
Márquez destacó la delimitación del campo de actuación para
los despachos de detectives así como la necesidad de que
presenten un informe por cada servicio contratado al que
solo tengan acceso autoridades judiciales. Una cuestión que
también creó dudas entre la oposición por la posible
“violación de la intimidad de los clientes”. No obstante,
Márquez señaló que desde el sector estas medidas han sido
“aplaudidas” y “bien acogidas”.
Con esta ley también se abrirá el campo de actuación a las
empresas de seguridad privada, a las que se les permitirá,
entre otras funciones, realizar vigilancia perimetral de
polígonos, urbanizaciones y también de centros
penitenciarios o de internamiento de extranjeros. Una medida
que ha sido duramente criticada por los sindicatos de
funcionarios de prisiones, pero que para Márquez sólo busca
mejorar la seguridad.
El texto también recoge la creación de un nuevo Registro
Nacional de Seguridad Privada para mejorar el actual que
sólo consiste en una mera relación de empresas. Este
registro, según explicó el ministro durante el debate del
proyecto de ley, se crea con la finalidad de inscribir
además de los datos, las autorizaciones, lo relativo a las
sanciones y las capacitaciones. “Se dispondrá de un
verdadero instrumento de gestión”, puntualizó Fernández Díaz
para explicar como el texto apuesta por “combinar medidas
como las señaladas junto con un control más ágil que imprime
a su vez una necesaria transparencia“.
Tras su paso por el Congreso y sortear dos enmiendas a la
totalidad, una de las cuales fue retirada por CiU, el texto
irá a comisión para adaptar las peticiones de mejora que
presentaron los grupos parlamentarios.
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