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La Federación de Servicios Públicos de la UGT inauguró ayer
el 9º Congreso Federal Ordinario, el cual se celebrará en
Madrid hasta mañana miércoles bajo el lema ‘Somos Derechos’.
Hasta la capital del reino se han desplazado por parte de la
FSP-UGT de Ceuta, Juan Carlos Pérez, Juan Cubo y Francisco
Javier Chamorro.
La preocupación por la alta destrucción de empleo público
registrada en nuestro país en los últimos años se ha situado
en el centro del debate. “Somos derechos, estamos erguidos
ante el ataque a los derechos de las personas que está
dirigiendo el actual Gobierno”, han resaltado los
sindicalistas que han manifestado que “el Estado Social
previsto en nuestra Constitución está en peligro si no hay
empleo público para su pleno desarrollo”.
A este respecto desde la UGT se ha resaltado que la mayor
destrucción de empleo se ha concentrado en administración
local, entre el personal laboral y entre las mujeres. Entre
enero de 2012 y enero de 2013, la administración local
destruyó 47.405 empleos, seguida de las comunidades
autónomas (44.540) y de la administración pública estatal
(11.170). Casi el 50% de los 109.091 puestos destruidos eran
de personal laboral y el 61% estaban ocupados por mujeres.
Desde 2011 se han perdido unos 378.000 empleos públicos.
Por tal motivo, la central sindical reconoce que existe una
situación de miedo y de desconcierto entre muchos
trabajadores públicos, que no tienen expectativas de
consolidar su plaza, consecuencia de la nula reposición de
efectivos. “Además la situación del empleo en las
Administraciones Públicas es si cabe más dramática, ya que
los expedientes de regulación de empleo son siempre
extintivos”. “El ataque a los sindicatos y a la orquestación
de la precarización de las Administraciones viene manejada a
conciencia desde el Gobierno, que sólo tiene un objetivo:
hacer caja”.
Finalmente, el compromiso de FSP-UGT pasa por mantener y
recuperar el prestigio y la eficacia de los Servicios
Públicos, puestos irresponsablemente en duda, y garantizar a
la ciudadanía el buen funcionamiento de una Administración
con conciencia del bien común, que acepta una mayor
coparticipación de los ciudadanos y las organizaciones
sociales en la gestión de los Servicios, siendo capaz de
afrontar los nuevos retos que la realidad va imponiendo.
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