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Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui ofrecieron ayer una
rueda de prensa en la sede del grupo parlamentario Caballas
para anunciar que han interpuesto, ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos de Contratación, un
recurso especial contra el anuncio del BOCCE relativo a la
contratación de las obras contenidas en el Proyecto de
Remodelación del Paseo de la Marina.
El Grupo Parlamentario Caballas ofreció ayer una rueda de
prensa a través de Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui para
dar a conocer que han decidido interponer, ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos de Contratación, un
recurso especial en materia de contratación contra el
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el
pasado 11 de octubre de 2013, en el número 2486, relativo a
la ‘Contratación mediante procedimiento abierto de las obras
contenidas en el Proyecto de Remodelación del Paseo de la
Marina Española de Ceuta, en expediente 56/13’.
Alí daba a conocer esta información, manifestando que el
mismo ha sido presentado a través de Juan Luis Aróstegui
como vocal del Consejo Rector de la Gerencia de
Infraestructuras y Urbanismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta
(GIUCE).
Desde Caballas se volivó a insistir que tanto el grupo
parlamentario como una amplia mayoría de la ciudadanía ceutí
consideran “innecesario y una inmoralidad la obra de la
Marina, tal y como la pretende desarrollar el equipo de
gobierno del Partido Popular”. Tras reconocer a que nadie se
puede negar a cumplir una sentencia, Alí resaltaba que el
cumplimiento de la citada sentencia no se corresponde con
“la parafernalia y el despilfarro que pretende llevar a cabo
el PP a la hora de ejecutar la obra de la Marina”.
A este respecto, el dirigente de Caballas aseguró ante los
medios de comunicación que no sólamente hay argumentos
técnicos y jurídicos que avalan la posición de atacar el
anuncio del Gobierno sino que además el Equipo de Gobierno
de la ciudad “mintió deliberadamente en la última sesión
plenaria a la hora de citar como argumento la reactivación
económica de la zona”. Alí realizaba esta apreciación al
manifestar que el grupo parlamentario Caballas ha tenido
conocimiento, además del malestar de las asociaciones de
vecinos y de la FPAV, también el de muchos comerciantes e
importantes empresarios de la ciudad que tienen sus negocios
en la Marina, quienes no han sido consultados con
anterioridad a la redacción del proyecto y la publicación de
su pliego de condiciones, y que “sopesan que la ejecución de
la obra va a perjudicar seriamente en sus negocios e incluso
se plantean cerrar e irse”.
Desde Caballas se considera que “día tras día este tema está
adquiriendo una gravedad que atenta considerablemente contra
los intereses generales de todos los ceutíes y es necesario,
no sólamente recurrir, sino que la ciudadanía adquiera
conciencia de que esta obra, no sólo es innecesaria y que
obedece a fines partidistas y electoralistas del Partido
Popular sino que, es claramente una inmoralidad en el
sentido de que nadie puede sostener el gastarse seis
millones de euros tal y como está la ciudad hoy por hoy con
umbrales de pobreza, con paro, con partidas que no llegan
para pagar el salario social o los alquileres, y que además
no suponen reactivar la economía sino mermarla”.
Por su parte, Juan Luis Aróstegui, durante su comparecencia
ante los medios de comunicación, manifestaba que el
tratamiento de este proyecto admite varias perspectivas,
como la económica, la política y la social, aunque el
dirigente de Caballas se centró en el apartado técnico del
“cómo se pretende llevar a cabo la ejecución de esta obra”.
En este sentido, Aróstegui aseguró que tras analizar el
pliego de condiciones, se ha puesto de manifiesto “una clara
vulneración de los principios fundamentales que inspiran la
ley de contrato del sector público y que se basan sobre todo
en respetar los principios de igualdad, de no discriminación
de ningún licitador y de procurar elegir la oferta más
ventajosa para los intereses generales”.
Aróstegui aseguró que todos y cada uno de estos principios
quedan “vulnerados” en la redacción del pliego de
condiciones que regulará el proceso de adjudicación. Por
este motivo, desde Caballas se considera que se infringe la
ley al establecer una baja máxima del 10%, ya que con ello
el Ayuntamiento estaría “renunciando” a un posible ahorro
porque algún licitador pudiera realizar una oferta más
ventajosa, con lo que el Ayuntamiento conseguiría que “la
oferta económica no fuera determinante” y por consiguiente
poder elegir al licitador de la obra ciñéndose a los
criterios complementarios, que también han sido denunciados
por Caballas siguiendo el mismo razonamiento que ha hecho el
Tribunal de Cuentas en reiteradas ocasiones, y es que “estos
criterios no pueden ser indefinidos porque esto introduce
elementos de inseguridad jurídica para los licitadores y de
arbitrariedad para las puntuaciones”, algo considerado
“ilegal y perjudicial para los intereses generales de la
ciudad” por el grupo parlamentario Caballas.
Otro de los aspectos denunciados también en el recurso
presentado, al considerarlo igualmente “ilegal” es la
inclusión de una clasificación especial para la ejecución de
puentes, algo que según la legislación vigente “para que se
pueda exigir una clasificación especial, las unidades de
obra a las que hace referencia debe representar almenos el
20 por ciento del coste total de la obra (alrededor de
1.200.000 euros) algo que no se produce ya que el proyecto
cifra en unos 350.000 euros la ejecución del citado puente”.
Así pues, a la vista de todos estos argumentos, Aróstegui
solicita en el recurso la “anulación del anuncio y
consecuentemente del pliego de condiciones y la
reelaboración de este pliego, además de aprovechar la
ocasión para solicitar al Gobierno que ese periodo de
reelaboración valga para volver a realizar el proyecto y
adecuarlo a las necesidades reales de la ciudad, las cuales
pasan por la reparación y no por ejecutar obras faraónicas”.
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protesta
