|
El Pleno del Congreso de los Diputados dio luez verde al
proyecto de ley orgánica de Control de la Deuda Comercial,
que pretende erradicar la morosidad de las administraciones
públicas y que incluye medidas coercitivas y punitivas para
aquéllas que excedan de los 30 días máximos que prevé la
normativa comunitaria para pagar las facturas. Según el
Ministerio de Hacienda, con esta normativa y otras ya
aprobadas como la de factura electrónica se conseguirá más
transparencia, ya que aflorarán todas las facturas, y se
evitará que vuelvan a acumularse retrasos en el pago a los
proveedores.
El objetivo de este proyecto de ley es erradicar la
morosidad de las administraciones públicas, previendo para
ello medidas coercitivas y punitivas para las que no paguen
sus facturas en el plazo máximo de 30 días que prevé la
normativa comunitaria. Así, todas las administraciones
deberán publicar su periodo medio de pago, en cuya
definición participarán las comunidades a través del Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
Periodo medio de pago
La normativa obligará a todas las administraciones a
publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores
para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus
deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas. Tras la
incorporación de las enmiendas, se permitirá que las
comunidades autónomas colaboren a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera en la definición del método de
cálculo del PMP. Además, se crea un mecanismo coercitivo
automático ante los incumplimientos de estos compromisos a
través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos
presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso
el pago directo de la factura por el Estado, que luego
detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el
sistema de financiación.
Según el Ministerio de Hacienda, con esta normativa y otras
ya aprobadas como la de factura electrónica se conseguirá
más transparencia, ya que aflorarán todas las facturas, y se
evitará que vuelvan a acumularse retrasos en el pago a los
proveedores, que luego se propagan por todo el tejido
productivo, causando cierres y despidos de trabajadores. En
este sentido, a través de las enmiendas también se prevé que
las administraciones que no están obligadas a someterse a
auditorías deban efectuar anualmente trabajos de control
para “verificar la existencia de obligaciones derivadas de
gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los
que no se ha producido su imputación presupuestaria”.
Además, incumplimiento de obligaciones financieras por parte
de las administraciones públicas que provoque no sólo el
incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas,
sino cualquiera contenido en tratados o convenios
internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los
responsables. Lo mismo sucederá si el incumplimiento provoca
una condena a España por parte de tribunales internacionales
u órganos arbitrales.
La portavoz ‘popular’ de Hacienda, Ana Madrazo, ha
manifestado que “los ciudadanos no entienden de competencias
(de unos y otros), sino de buena gestión y de buenos
servicios públicos”, que se garantizan con la estabilidad
presupuestaria, según ha recordado. Además, ha esperado
“poder encontrar en el Senado algún punto de encuentro para
modificar la redacción actual” del artículo que hace
referencia al destino del superávit municipal para fines
distintos de la amortización de deuda o de inversión.
Ciudad Autónoma de Ceuta
A pesar de la entrada en vigor de la Directiva Europea de
lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas,
la Ciudad Autónoma de Ceuta sigue incumpliendo la Ley y su
periodo medio de pago se sitúa en 67 días, frente a los 30
que establece la Ley, en el caso de las Administraciones
Públicas.
|
|
Con sus enmiendas el PP también ha modificado otros asuntos
No obstante, con sus enmiendas el
PP también ha modificado otros asuntos que nada tienen que
ver con el proyecto de ley. Entre otras cosas, se permite
que Ceuta y Melilla puedan tener su propio cuerpo de agentes
ordenación, señalización y dirección del tráfico en el caso
urbano, en condiciones similares a las que ya tienen los
municipios de gran población; se crean nuevas bonificaciones
fiscales a las inversiones que realicen los operadores
privados en los Puertos del Estado, y se plantea la
modificación de la Ley de Transparencia (actualmente en
tramitación en el Senado) para reforzar las reglas
especiales sobre el destino de los superávit
presupuestarios.
|
cámara baja
