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política - VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2013


Mohamedi Abdelkader Maanan. ep.

coalicion
 

Caballas afirma que “el PP sí pretende privatizar la Sanidad”

El diputado localista, Mohamedi Abdelkader Maanan, asegura que “las unidades de gestión clínica en manos del PP es la antesala de la privatización en toda regla”
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Los consejeros “Hakim y Bel o desconocen la norma o les han obligado a salir ante la opinión pública para mentirnos a todos los ciudadanos de Ceuta. No nos merecemos estar en manos de políticos insensibles, inmorales y de poca ética, que juegan con el sufrimiento y con la enfermedad de las personas. Ante este atropello decir que basta ya de tantas mentiras que al final, los que sufren serán los mismos de siempre, los ceutíes”. Así finaliza el diputado de Caballas, Abdelkader Maanan, su comunicad de prensa envíad ayer a los medios de comunicación.

Antes, el diputado de Caballas explica que “cuando hablamos de las unidades de gestión clínica como herramienta de gestión sanitaria que busca la excelencia y la mejora en la calidad asistencial, eso es correcto; pero la trampa, el engaño y la mentira que se vierte por parte del Partido Popular se la vamos a desmontar”.

En primer lugar, Maanan se cuestiona “por qué el Ministerio de sanidad contrata para el estudio de la viabilidad de la implementación de las unidades de gestión clínica a empresas afines al PP, pues Lamela fue consejero de Sanidad de Madrid cuya presidenta era la Esperanza Aguirre, un señor que siendo consejero privatizó hospitales madrileños, para después incorporarse como ejecutivo con excelentes salarios al dejar de ser consejero, señor que está imputado por tráfico de influencias y por prevaricación.

El diputado de Caballas se pregunta si “a caso el Ministerio no cuenta con expertos asesores y técnicos en gestión sanitaria, que tenga que pagar a amigos del PP para que asesoren”, para seguidamente “ratificar y afirmar que los mejores asesores sanitarios y técnicos en gestión sanitaria se encuentran en la Escuela Nacional de Sanidad que depende del Ministerio de Sanidad, sin olvidarnos de los asesores y técnicos que prestan su trabajo en el Ministerio y por último no nos olvidemos de la gran cantidad de funcionarios (entre ellos técnicos y expertos en gestión de los que dispone el INGESA- Madrid)”.

“Pero como para la Sra. Mato estos funcionarios no le parecen lo suficientemente capacitados - lamenta Maanan-, tiene la desfachatez e inmoralidad de contratar a un imputado por delitos penales para que le asesore como ganar dinero con la sanidad y disminuir los costes del servicio en detrimento de la asistencia que se les da a nuestros ciudadanos”.

Personal estatutario fijo

El diputado de Caballas también se ha cuestionado “por qué modifica el estatuto marco, que regula al personal sanitario en temas laborales, en una ley publicada en BOE con fecha 25 de julio del 2013, ley que trata sobre farmacovigilancia, fármacos falsificados y otras normas del ordenamiento europeo, y legisla sobre ello en una disposición final”, explicando que “en esta modificación se habilita a la administración sanitaria para que ofrezcan al personal estatutario fijo que acepte voluntariamente pertenecer a la unidad de gestión clínica, modificando su condición de empleado público, pasando a ser personal laboral, personal que se rige por el estatuto de los trabajadores y sometido a la nueva reforma laboral que permite despedir a coste mínimo al trabajador, y aquel personal estatutario fijo que no se adhiera a la unidad de gestión clínica de forma voluntaria, pasara a la situación de excedencia voluntaria, con lo cual se quedara en su casa y no percibirá salario alguno”.

Por último, para el diputado de Caballa “las unidades de gestión clínica en manos del PP es la antesala de la privatización en toda regla, lo que suponer ahorrar costes y dinero con las siguientes consecuencias para los ciudadanos: disminuir el horario de apertura de los centros de salud (pues hay orden de cerrarlos a partir del 2 de enero de 2104), disminuir las asistencias médicas, disminuir la accesibilidad al sistema sanitario, trabas que se le impondrán al médico para recetar, solicitar analíticas, radiografías y derivaciones al hospital y otro sinfín de consecuencias que supondrán la disminución de la expectativa de vida de los ceutíes”.
 

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