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cultura - MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2013


francisco antonio gonzález. reduan.

educacion
 

González Pérez pone el foco en los alumnos escolarizados en Ceuta que residen en Marruecos

“¿Me están diciendo ustedes que hay niños escolarizados que viven en Marruecos pero que tienen que estar empadronados en Ceuta para ir al colegio? Ya veremos lo que sucede”, advirtió
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El delegado del Gobierno afirmó ayer que no entendía la polémica generada con las escaleras cercanas a la frontera del Tarajal , que a su juicio, como al del presidente de la Ciudad, cuando lo que se hizo fue resolver resolvió el principal problema, el de proteger a la comunidad educativa del CEIP Príncipe Felipe ante el trasiego de porteadores con grandes bultos a las horas de entrada y salida del los alumnos del colegio.

En este sentido, dijo que se está buscando una alternativa y lamenta que los que se quejaban de la misma ahora critican. Las obras comenzarán “de inmediato” pues sólo deben recibir el visto bueno de los responsables del Área de Costas.

Acto seguido, Francisco Antonio González puso el foco de atención en parte de los padres de alumnos del Colegio público Príncipe Felipe, singularmente de quienes residen en Marruecos pero tienen a sus hijos escolarizados en Ceuta. Sobre este particular, el delegado del Gobierno, al ser preguntado, se autocuestionó el asunto: “Ustedes me están hablando de niños de la barriada Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso o la Almadraba? ¿De qué niños hablamos que van al colegio? ¿Me están diciendo ustedes que hay niños escolarizados que viven en Marruecos pero que tienen que estar empadronados en Ceuta para ir al colegio? ¿Es eso lo que me están diciendo? Ya veremos lo que sucede”, advirtió.

Preguntado por lo periodistas sí se actuará también con los funcionarios empadronados en Ceuta y que viven en el país vecino, el delegado del Gobierno subrayó que “se está actuando en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otros colectivos, con funcionarios y con todo el mundo; lo que sucede es que es un trabajo que lleva su tiempo y, sobre todo, tiene que ser lo suficientemente garantista como para que aquéllas personas que pudieran estar incurriendo en algún tipo de infracción, tengamos claro que lo están haciendo”, por lo que se quiere dar la oportunidad a los posibles afectados a que tengan la oportunidad de demostrar que lo que se les está diciendo es verdad o mentira. “Nosotros respetamos el estado de Derecho -dice el delegado del Gobierno-, y cuando tengamos comprobado que las personas que están infringiendo la ley o la norma, se adoptarán las medidas oportunas”.
 

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