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La sociedad está convulsa. La
reciente derogación de la doctrina Parot que tantas
controversías y manifestaciones ha provocado en las víctimas
del terrorismo, la salida en tropel de asesinos de toda
calaña a la que asistimos en los últimos días, está
sobrecogiendo a la sociedad que exige reformas acordes con
los tiempos que corren en la Justicia para que se apliquen
leyes cotundentes contra esos depravados, bien sean
terroristas, violadores, pedófilos, asesinos de chicas
jovenes o individuos capaces de cometer atrocidades
diversas. La denominada “alarma social” se encuentra
intensamente activada estos días por razones obvias que
conmueven conciencias de gentes de buena voluntad que se
aterran con el espectáculo atroz de ver desfilar asesinos en
libertad.
En Ceuta acabamos de conocer la sentencia dictada contra el
homicida confeso de la joven estudiante de Enfermería que
vio sesgada su vida por un depravado que acabó con ella de
la manera más vil y cobarde. Un total de 18 años y 3 meses
es el precio que la Justicia ha impuesto a un asesino
confeso, como tributo a la pérdida de una vida de quien aún
tenía por delante muchas ilusiones y un futuro que comenzaba
a labrarse en nuestra ciudad cursando una carrera que le
abriera posibilidades de trabajo.
Al conocer el precio que se pone a la vida, nos aterramos
porque se nos abren las carnes con solo pensar, el fino
límite en el que nos desenvolvernos si se nos cruza en
nuestro camino un depravado con aviesas intenciones. Y quien
piense en su hija más soliviantado se sentirá, de sólo
pensar que pudiera verse en un trance tan escabroso como
terrorífico en el que un homicida decide poner fin a su
existencia. La Justicia requiere serias reformas para
sentirnos protegidos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
