política - MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE DE 2013

CEUTA
El Pueblo
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El Congreso ha dado este martes el visto bueno al proyecto de Ley de Seguridad Privada, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial. La Comisión de Interior de la Cámara baja dio luz verde, con los votos de PP, CiU y PNV, a la Ley de Seguridad Privada, un proyecto que da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito. Esto es, si las empresas de una zona comercial de una ciudad solicitan un servicio de seguridad privada, los vigilantes podrían encargarse del control de esas áreas, aunque se añade que “en coordinación, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”.

La norma actualiza la anterior, de 1992, y, según fuentes del Ministerio del Interior, se refiere a un servicio “que ya se viene prestando en zonas comerciales desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y que hasta ahora no ha planteado problemas”. La ley, que será remitida al Senado para continuar su trámite parlamentario, permitirá a partir de ahora, negro sobre blanco, la “vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común”; “la vigilancia en zonas comerciales peatonales”; la “vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”; y la “vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”.

En cualquier caso, para prestar estos servicios “de protección” las empresas de seguridad privada necesitarán la “autorización previa por parte del órgano competente en cada caso”. Además, deberán realizarse en “coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”. La prestación de servicios de vigilancia podrá realizarse en espacios o vías públicas en determinados supuestos. Además de los casos clásicos —retirada o reposición de cajeros automáticos; los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para realizar actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia; el control de medios de transporte—, también estará permitida “la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma”; “los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección”; y “aquellos servicios de vigilancia y protección que lo requieran por su propia naturaleza y desarrollo”.
 

Francisco Máquez: “La nueva norma no persigue la privatización de la seguridad”

La filosofía de la norma lo deja claro desde el principio y, en la exposición de motivos, se recoge que “se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta”. Este es, en opinión del diputado popular Francisco Márquez, ponente de la norma, uno de los objetivos de la ley. Es decir, “organizar y ordenar” el trabajo de los vigilantes de seguridad en cada caso y en cada ámbito de trabajo. “La nueva norma modernizará la actual ley de 1992” y, si reconoce que aumentará las capacidades de las empresas privadas, “no persigue la privatización de la seguridad”. “La ley se fundamenta en los principios de complementariedad y subordinación funcional”, ha enfatizado Márquez para quien el objetivo de la norma es “contribuir a hacer de España un país más seguro”.