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Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha
afirmado que “desde hace tiempo venimos denunciando que los
gobiernos del PP, a nivel central y autonómico están
centrando su política sanitaria en el desmantelamiento y
privatización de la Sanidad Pública”, a la vez que asegura
que “el fenómeno se ha extendido prácticamente a todo el
territorio español”.
Para Sánchez Bayle, “el proceso privatizador sigue
avanzando, aunque sea a trompicones y los planes no han
cambiado en lo sustancial, porque detrás de ellos hay una
combinación de intereses, de los fundamentalistas del
mercado que contra toda evidencia siguen creyendo en las
virtudes taumatúrgicas del mismo, de las grandes
multinacionales de la tecnología y aseguramiento que buscan
un nicho de beneficios en el sistema público, y de los
personales y mucho menos respetables, de los privatizadores
que buscan beneficios para ellos mismos en las
privatizaciones, lo que ahora se conoce como puerta
giratoria”.
El portavoz asegura que “es la situación de rechazo social y
profesional y de exposición ante la opinión pública de lo
que hay detrás de las privatizaciones, lo que les ha
obligado a cambiar de estrategia buscando unas tácticas que
avanzando en los mismos objetivos, les hagan pasar mas
desapercibidos. Y ahí entra lo que se ha denominado gestión
clínica, propuesta por el Ministerio de Sanidad y algunas
entidades que reclaman una representatividad de la que
carecen porque se fundamenta en la adscripción obligatoria,
y porque por supuesto no han consultado para nada a sus
‘supuestos representados’, a cambio de prebendas, algunas de
las cuales ya se conocen, y otras que iremos conociendo con
el tiempo”.
¿Como se realiza este proceso?
Sánchez Bayle explica que “primero y como viene siendo
habitual se utiliza una denominación eufemística que encubra
la realidad que se propone, y así se habla de gestión
clínica, que es un termino acuñado para expresar la
necesidad de incorporación de los profesionales sanitarios a
la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica
y que es una idea bastante razonable. Evidentemente la
gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del
personal ni la personalidad jurídica de las unidades que las
llevan a cabo, que podría incorporarse a todos los servicios
del sistema de salud, y es un término equiparable a la
‘gestión participativa por objetivos’ que ya recogía la Ley
General de Sanidad”.
“Sin embargo, -subraya Sánchez Bayle- los objetivos que se
plantean desde el Ministerio de Sanidad para avanzar en lo
que bien se podría denominar como Gestión Clínica SA son muy
diferentes: Fragmentar los centros creando múltiples
microempresas dentro de los mismos, para competir entre si,
en el marco legal de un mercado sanitario público y privado,
financiado esencialmente con fondos públicos. Y después
establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de
diferentes centros sanitarios para desarrollar sus
estrategias empresariales, dando entrada al capital,
empresas, laboratorios farmacéuticos y a la industria de
electro- medicina sanitaria, en la provisión y gestión de
servicios sanitarios”.
“Luego el sector privado se haría cargo de las empresas
rentables y acabaríamos con centros que lo único público que
tendrían sería el nombre pero que estarían en manos de
empresas privadas, que, como ha sucedido en todos sitios,
acabarían en manos de las grandes multinacionales, las
únicas que tienen capacidad para afrontar con solvencia
desde el sector privado la complejidad de la asistencia
sanitaria”, concluye Sánchez Bayle.
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