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El modelo de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Ceuta en cuanto a la adjudicación de convenios, es un
verdadero fiasco, a tenor de los términos que recoge el
tribunal de Cuentas en su informe relativo a los ejercicios
2008 y 2009. Un párrafo viene a resumir la filosofía del
Gobierno Vivas en esta cuestión: “Se pone de manifiesto que
el suscrito con la Federación de Asociaciones de Vecinos se
estableció de forma genérica y poco precisa el objetivo
subvencionable”.
En este sentido, se recoge en el informe del Tribunal de
Cuentas que “en la mayoría de los convenios analizados entre
la Ciudad Autónoma de Ceuta y particulares “tuvieron como
objetivo subvencionar actividades genéricas y no
singularizadas, lo que supuso que, posteriormente, se
admitieran algunos justificantes por conceptos diversos,
aunque ajustados al convenio”.
Un asunto relevante caracteriza la dinámica de la fórmula de
adjudicación que es muy cuestionada por el propio Tribunal
de Cuentas, como recoge en su informe en los siguientes
términos: ”En algunos convenios su celebración no estaba
fundamentada en informes o propuestas justificativas de su
necesidad o conveniencia, así como de la utilidad pública,
el interés o el fin social de las subvenciones otorgadas”.
Otro capítulo a tener muy en cuenta, es la falta de
seguimiento que se ha hecho en la gestión de los fondos
asignados a las subvenciones por parte de la Ciudad Autónoma
de Ceuta. “En la mayoría de los convenios -dice el tribunal
de Cuentas-, la Ciudad Autónoma de Ceuta tampoco ha
instrumentalizado la creación de las denominadas Comisiones
Mixtas de Seguimiento” encargadas de coordinar y controlar
la gestión desarrollada a través de las subvenciones, lo que
unido a la ausencia de controles financieros sobre estas
ayudas por parte de la Administración autonómica constata un
inadecuado seguimiento y comprobación de la actuación y
programas subvencionados”.
En la fiscalización de la línea de subvenciones para el
desarrollo de actividades y proyectos de interés educativo o
cultural, “se ha puesto de manifiesto carencias en el
contenido de las bases reguladoras de las ayudas, que
afectan a la ausencia de una definición clara del objeto
subvencionable, la inadecuada segregación de funciones en
las bases de evaluación y concesión de las ayudas, así como
a la ausencia de controles financieros sobre la aplicación
de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron
concedidas las subvenciones”.
Este descontrol que aprecia el Tribunal de Cuentas es el que
deriva en escándalos como la disolución del Consejo de la
Juventud con “pufos” que desencadenan situaciones
indeseables con la utilización del dinero público, en el que
no hay un criterio claro en cuestión de objetivos,
justificación y control financiero, como ha quedado puesto
de manifiesto en el informe del tribunal de Cuentas, lo que
viene a demostrar esas viejas prácticas del Gobierno Vivas.
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Informe Tribunal de Cuentas
