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Las prácticas en la gestión
política de los fondos públicos por parte del Gobierno de
Vivas han merecido una retahíla de reprobaciones del
Tribunal de Cuentas, síntoma inequívoco de las malas praxis
utilizadas, tanto en la adjudicación de contratos, como en
la aplicación de los procedimientos de emergencia, como en
el descontrol de las subvenciones y el nulo seguimiento de
las mismas, así como en la desobediencia a viejas
recomendaciones como retribuciones a funcionarios por
asesoramiento a Consejos de Administración de sociedades
municipales contrarios a la ley o que los puestos de
Interventor, Secretaria General o Tesorero, no han sido
desempeñen por funcionarios con habilitación estatal. Sin
olvidarnos de las modificaciones de crédito sin cobertura
financiera, como práctica habitual y con una advertencia: se
“deberían establecer las medidas oportunas encaminadas a
lograr que los gestores de la Administración cesen” en estas
prácticas.
Las actuaciones del Gobierno son un cúmulo de conductas que
contravienen la normativa vigente en muchos ámbitos. Ni se
fiscaliza la línea de subvenciones, se sobrepasan los
límites de endeudamiento financiero fijado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, no se emiten informes
dirigidos a comprobar el principio de estabilidad
presupuestaria, en la mayoría de los contratos se incumplen
los principios de publicidad, transparencia y objetividad,
algunos expedientes por emergencia tuvieron dilaciones
incongruentes con la inmediatez de ese régimen excepcional y
un largo etcétera. Una serie de actuaciones contrarias a la
ley, reiteradas en los incumplimientos legales, como la
endémica carencia de la RPT que contraviene la legislación
del Estatuto Básico del Empleado Público. Un fiasco para el
Tribunal de Cuentas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
