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Sería coherente que violadores
múltiples vigilasen una cárcel de mujeres? ¿tendría sentido
que la directiva del Real Madrid se encargase de la política
de fichajes del Barcelona? ¿alguien en su sano juicio
pondría al zorro a cuidar de las gallinas? Dando por sentado
que la respuesta a estas tres preguntas será, por lo común,
un ‘no’ rotundo, diré que bajo el mismo razonamiento es
absolutamente contraproducente y perjudicial que un partido
como el PP sea el encargado de velar por los intereses de
los ciudadanos de un país. ¿Por qué? Enseguida lo explico.
El Partido Popular es, en el terreno económico, un partido
de corte liberal. Se enorgullecen de ello y no pierden
ocasión de proclamarlo a los cuatro vientos. ¿En qué
consiste el liberalismo económico? En el dogma jamás
demostrado de que la gestión privada es mejor que la
pública. Los liberales consideran que el papel del Estado
debe ser mínimo, cediendo todo el terreno posible a los
mercados y las empresas privadas. Es decir, los liberales
persiguen privatizar lo máximo posible porque piensan que de
esa forma la economía crecerá y que el propio mecanismo del
mercado autorregulado solucionará problemas como el paro o
la pobreza. A mí me parece muy bien que haya gente que
comparta esta visión, pero si partimos de la base de que el
papel del Gobierno es, precisamente, gestionar los recursos
públicos del Estado, ¿tiene sentido poner al frente de dicha
gestión a aquellos que no tienen problemas en admitir su
enemistad y desconfianza hacia lo público? Es absurdo y
afirmaciones como las del señor Montoro no dejan lugar a
dudas. “El PP volverá a ganar las elecciones porque los
mercados no son gilipollas” ha dicho nuestro ministro de
Hacienda. Su polémica frase deja claro quien manda y a quien
sirven. No disimulan. Los narcos ya se visten de narcos.
Cuando aquellos que defienden a capa y espada la gestión
privada llegan al poder siempre ocurre lo mismo: destrozan
los servicios que se supone que deben hacer funcionar y
achacan el consecuente mal funcionamiento a “la poca
eficiencia de lo público”. Son buitres que revientan lo que
es de todos para, posteriormente, venderlo a precio de risa
a sus amigos. Lo más curioso es que hasta ven sus acciones
recompensadas, como en el caso de la Comunidad Valenciana y
su televisión autonómica. El Partido Popular ha usado Canal
nou como un órgano de propaganda, lo ha sumido en la ruina,
ha provocado su cierre y, en lugar de pagar políticamente su
ineptitud, vemos como su ideología privatizadora sale
reforzada entre la multitud: ahora lo malo son las
televisiones públicas y no los chupópteros que las
pervierten. Lo malo, al parecer, no es que pongamos lo
público, lo de todos, en manos de sus enemigos (nuestros
enemigos), sino lo público en sí.
Este “mundo al revés” normalizado produce aberraciones como
que un ex mandamás de un banco sea nuestro ministro de
Eduación, que la cartera de Economía esté bajo la dirección
de un “tiburón” de Lehman Brothers o que sea un antiguo
consejero de una empresa privada de armamento quien ocupe el
primer sillón del Ministerio de Defensa. No defienden los
intereses de los ciudadanos, sino los de las empresas a las
que se deben y que salen beneficiadas con cada
“externalización” producida en el sector público. Lo dicho,
zorros cuidando del gallinero.
Su afán por privatizarlo todo no tiene límites. Tras la
Educación, la Sanidad o las pensiones, ahora le ha tocado a
nuestra seguridad. La nueva ley de seguridad privada parece
que va a permitir una ampliación de las competencias de los
vigilantes de seguridad, los “seguratas” de toda la vida.
Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), como la
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han
pronunciado en contra, argumentando que esta medida busca
contrarrestar los efectos de los recortes en las Fuerzas de
Seguridad empoderando a la empresa privada, es decir,
privatizando la seguridad. Los ceutíes deberíamos sentir
vergüenza de que haya sido nuestro diputado, el señor
Francisco Márquez, el encargado de defender en comisión
parlamentaria este nuevo ataque a los derechos y libertades
de los españoles. Tampoco sorprende. Francisco Antonio
González, nuestro actual -y autoritario- Delegado del
Gobierno, ocupaba un escaño el día que todo el Partido
Popular votó por unanimidad a favor de apoyar a EEUU en la
masacre de Irak. Hoy es Márquez quien continúa dando validez
desde el Congreso a las políticas de los mil hijos de Fraga.
Hacen lo que les ordena su partido. No son inútiles, sino
todo lo contrario: hacen lo que tienen que hacer a la
perfección. Es la sociedad en la que creen. Como en el
cuento de la rana y el escorpión, “está en su naturaleza”.
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OPINIÓN / LA ZARPA
