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CSI-F ha exigido al Gobierno que renueve el compromiso con
un plan de viabilidad de Muface, una mutua que a lo largo de
su existencia ha sido modelo de atención sanitaria, de
calidad y de eficiencia, como lo demuestra el hecho de que
está al día en el pago a las aseguradoras, a los hospitales
y las farmacias y que libera al sistema sanitario público de
una considerable presión asistencial, atendiendo a más de
1,5 millones de personas.
A través de un comunicado de prensa, el sindicato ha
explicado que esta exigencia ha venido motivada por la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del concierto
suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y las entidades de seguro para la prestación
sanitaria en la Mutualidad de General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE) a lo largo de 2014.
Este concierto es fruto de la ruptura unilateral del
convenio suscrito con las aseguradoras sanitarias el pasado
mes de junio y que se ha saldado con la salida de Sanitas.
Los funcionarios tienen el mes de enero para cambiarse a una
de las cuatro aseguradoras que se mantienen: Asisa, Adeslas,
DVK e Igualatorio de Cantabria.
Así como recortes en diferentes prestaciones sanitarias,
como la periodoncia (tratamientos dentales para enfermedades
de las encías y del hueso). Además, Muface hace extensivos
los recortes en la sanidad pública, como es el caso del
copago en medicamentos hospitalarios (incluido algunos
tratamientos contra el cáncer), el copago en el transporte
sanitario no urgente o la reproducción asistida.
El Gobierno ya recortó este año en un 22 por ciento las
prestaciones a los funcionarios. De hecho, se suprimieron
programas como ayudas a la dependencia, podología y
termalismo social para mayores, programas de becas de
estudio y residencia para mutualista, o el programa para la
adquisición de vivienda propia.
También se recortaron el subsidio de jubilación (se redujo a
la cuarta parte) y el subsidio por defunción. Todos estos
recortes se mantienen. Además, las cuentas de Muface se han
visto reducidas en más de 100 millones a lo largo de los
últimos cinco años, entre 2009 y 2013, como consecuencia de
las reducción de las aportaciones del Ministerio de
Hacienda, la utilización del remanente de tesorería y la
congelación de las ofertas de empleo público, lo que ha
impedido la entrada de nuevos titulares y beneficiarios en
el sistema.
Esta situación puede comprometer a medio plazo el futuro de
la mutualidad. De hecho, en el presente ejercicio, el
remanente de tesorería se ha reducido en un 68,47 por
ciento, hasta los 71,6 millones de euros.
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sindicato
