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					UPyD CEUTA ha recordado, a través de una nota de prensa, la 
					entrada en vigor, hoy día 31 de diciembre, de la Ley 27/2013 
					de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
					local, añadiendo que según su análisis “el Gobierno de la 
					Ciudad de Ceuta ha dejado en una situación deplorable a los 
					trabajadores de las empresas públicas que quieren 
					constituirse como organismos autónomos”.  
					 
					UPyD afirma que “la ley que modifica la de Bases del Régimen 
					Local, especifica en cuanto al redimensionamiento del sector 
					público local que pretende; que si se hubiesen cumplido los 
					objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su 
					período medio de pago a proveedores no es mayor de 30 días, 
					y se hiciera un plan de corrección en los dos primeros meses 
					de 2.014 para las entidades con desequilibrio financiero, 
					deberían disolverse durante el año 2.014, y no antes del 1 
					de enero de 2.015”.  
					 
					“Dado que dichas sociedades mercantiles se disuelven con 
					fecha 31 de enero, está claro -destaca la formación magenta- 
					que no cumplen con los criterios citados y que es un fraude 
					de ley de incalculables consecuencias. La protección de 
					dichos puestos de trabajo de las empresas públicas citadas 
					queda pues más que en entredicho”. 
					 
					Repulsa 
					 
					UPyD Ceuta ya mostró el pasado miércoles su “repulsa” a 
					través de su Consejo Territorial ante la “injusticia” contra 
					los propios trabajadores de las empresas públicas, sobre los 
					que “a sabiendas que se comete una irregularidad inviable y 
					hasta un presunto delito, se les intenta incluir en la 
					administración institucional de Ceuta; cuando tanto sus 
					funciones como sus condiciones laborales les abocaban a 
					ellos y a sus empresas a estar en el sector privado de forma 
					natural, de forma que no se perdieran puestos de trabajo, 
					que es el objetivo primordial que debe movernos”. A este 
					respecto UPyD manifiestaba que unos adecuados planes de 
					viabilidad como empresas privadas “debería haber sido la 
					solución a estos 6 engendros jurídicos”. 
					 
					Denuncia penal 
					 
					Desde UPyD se aseguró también la pasada semana que seguirá 
					vigilante en “el proceso ilegal que se quiere perpetrar por 
					los 25 miembros de la Asamblea de Ceuta y el Consejo de 
					Gobierno de la Ciudad de Ceuta”, para en su caso interponer 
					una denuncia penal, y esperará hasta el día 2 de enero en 
					que se cumple el plazo administrativo para interponer 
					recurso de reposición de acuerdo con el artículo 117 
					redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la 
					Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
					Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
					Común. 
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