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La exconsejera de Deportes y actual gerente de Procesa,
Kissy Chandiramani y el antiguo gerente del Instituto Ceutí
de Deportes y actual Jefe de gabinete de Juan Vivas,
Benjamín Álvarez Hortas, ya declararon el pasado mes de
junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ceuta, por un presunto delito de prevaricación
por la denuncia formulada por Miguel Sánchez Guillén, por el
acceso de un auxiliar administrativo al organismo autónomo.
El trabajador había desarrollado labor de empleado en el ICD
adscrito a los Planes de Empleo, pero fue despedido y al
recurrir a Magistratura, ésta le dió la razón por lo que su
contrato pasó de temporal a indefinido. Dicha contratación
se produjo hace más de dos años, supuestamente al margen de
los procedimientos establecidos para acceder al sector
público.
En su declaración judicial, los comparecientes justificaron
que durante ese tiempo existían tres bajas laborales (una
por excedencia y dos por separación del servicio)
En el caso de Benjamín Álvarez, éste declaró que “a finales
de 2012, como quiera que se habían abierto dos nuevas
instalaciones y que durante ese tiempo existían tres bajas
laborales, llegaron a la conclusión de que necesitaban a una
persona que echara una mano en la situación que concurría.
De acuerdo con los representantes sindicales, decidieron
contratar a una persona que ya estaba contratada por la
Ciudad Autónoma en colaboración social por el tiempo
necesario para cubrir esta situación que se estaba viviendo,
que posteriormente fue cesado, desconociendo (el declarante
Benjamín Álvarez), si se reincorporó al puesto que con
anterioridad ocupaba”.
Benjamín Álvarez dijo en su declaración judicial que “no
hizo contratación a dedo” y que el contratado, no es
conocido suyo ni “amiguete suyo”. Y que en el momento de la
contratación “se hizo lo mejor para la Ciudad Autónoma y
para el ICD” e incluso, en su testimonio Álvarez dice que se
hizo “un ahorro” porque esta persona ya prestaba servicio
para la Ciudad Autónoma.
No quiso contestar las preguntas del letrado de UGT,
Francisco Sánchez Mena, al igual que hizo Kissy Chandiramani,
quien igualmente se negó a dar respuesta a las preguntas de
la acusación.
Benjamín Álvarez justificó la contratación para satisfacer
las necesidades del momento: la Carrera de la Mujer, la
Vuelta ciclista a Ceuta y el Premio de Atletismo Guía del
Corredor. Benjamín dijo también que “había actuado en
conciencia con la contratación de la persona referida”.
Por su parte, Kissy Chadiramani, dijo en el Juzgado que ella
no participó directamente en la firma del contrato” del
trabajador, pero que se hizo porque el ICD “vivía una
situación de urgencia que se palió con la contratación por
un mes” de este trabajador. Dijo también que “no cree que la
contratación se produjese a dedo”, siendo las urgencias” las
que determinaron su contratación, distintas a las
argumentadas por Álvarez, ya que Kissy habló de la apertura
de la piscina del Guillermo Molina, y el Centro Hípicio, asi
como las campañas de verano que realiza el ICD (se le
contrató del 10 de marzo al 1 de abril), Kissy no recuerda
con certeza si se reunió una comisión mixta para la
contratación y tampoco sabía decir si se habló en la misma
de una persona en concreto para cubrir esa plaza o de las
razones de urgencia para realizar la mencionada
contratación.
Otros dos imputados que se encuentran, de cara con la “carta
de compromisos” del Partido Popular en el capítulo de
“comportamientos indeseables”, pero que no solo son
mantenidos en sus puestos sino que en los próximos día
pueden ser nombrados por Vivas en nuevas áreas de la
Administración local.
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Caso Kibesan
