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Los trabajadores de la empresa de
autobuses han optado por una medida dura: ir a la huelga. En
la decisión inciden varias circunstancias como la
inestabilidad laboral que se cierne sobre su futuro, los
propósitos de la empresa de proceder a realizar un
Expediente de Regulación de Empleo, o la rebaja de sueldos.
Posibilidades todas ellas negativas para los empleados que
perciben cómo la empresa también se lamenta de las pocas
respuestas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que parece volver
la espalda a la demanda de actualización de tarifas o a la
subvención de 60.000 euros por la bonificación de billetes.
No entienden que los problemas económicos o de contabilidad
en la institución autonómica, repercutan en un compromiso
que habían adquirido con la empresa de autobuses.
Se imponen soluciones rápidas, tras el año de espera de la
empresa de autobuses que se ve abocada a adoptar soluciones.
La sostenibilidad de un servicio básico como éste, no se
puede dejar abandonado por el Gobierno de la Ciudad y por
ello, han de acometerse fórmulas para que la viabilidad
empresarial y laboral sea posible. La amenaza de los
despidos en un colectivo de 85 familias, bien merece que los
gestores políticos afronten la cuestión con voluntad de
resolverla. Las citas políticas como la Convención del PP en
este fin de semana está muy bien, pero la urgencia de esta
problemática no entiende de demoras.
Los problemas requieren respuestas, soluciones, cumplir lo
que se promete y credibilidad. Una serie de factores que el
Gobierno de Juan Vivas ha de contemplar en este caso. No se
pide un imposible y la solución parece factible a poco que
se ponga un mínimo de interés en evitar un conflicto lógico
y justificado.
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OPINIÓN / EDITORIAL
