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En la actualidad no se empadrona nadie sin el informe previo
de los servicios de la Policía local encargados de estos
menesteres, a la vista de los numerosos fraudes que han sido
detectados en este ámbito y que, en el pasado año fueron
casi mil casos.
En este sentido, el solicitante de empadronamiento es
investigado a fondo para determinar una serie de
circunstancias personales esclarecedoras que, en caso
positivo, al final desembocan en la certificación fehaciente
que dará lugar a su condición de residente. Antes, sin
embargo, habrá de justificar una serie de cuestiones que así
lo acrediten para confeccionar el expediente: documentación
que respalde su residencia en Ceuta (como nómina si es
trabajador), justificantes de su presencia en la ciudad, la
titularidad de la vivienda o el contrato de arrendamiento,
la opinión de los vecinos y otros aspectos objetivos que
demuestren su condición de estancia en Ceuta, como consumos
de luz y agua o justificación de que reside, al menos, un
total de 181 días (seis meses y un día).
Los fraudes en el empadronamiento han dado lugar a
situaciones realmente escandalosas, como las detectadas en
los servicios municipales de Estadística, donde llegó a
comprobarse que, en una vivienda de Patio Castillo figuraban
como residentes empadronados en una casa de dos dormitorios
hasta 40 personas. Estos excesos son los que ha motivado la
persecución que, tanto Delegación del Gobierno como la
Ciudad Autónoma de Ceuta, llevan con la investigación de
identidades.
En la actualidad se comprueba, caso por caso, de manera
minuciosa y tan estricta como han dado lugar las casi mil
residencias falsas descubiertas el pasado año por la Policía
Local. Una situación que ha sido aprovechada por muchos
extranjeros que, al carecer de trabajo en la península, han
recalado por Ceuta, y para continuar beneficiándose de las
prestaciones sociales del sistema español y de los
beneficios fiscales de nuestra ciudad, fijan su residencia
de manera ficticia en nuestra ciudad y residen realmente en
Marruecos.
Desde Madrid, Málaga y Sevilla han llegado principalmente a
Ceuta ciudadanos extranjeros para beneficiarse del sistema
de protección español para las personas en situación de
desempleo. De ahí que hayan sido tantos los casos
descubiertos de empadronamientos ficticios, lo que ha
llevado a extremar las medidas de control para evitar la
proliferación de los denominados “pisos patera” en nuestra
ciudad.
Esta cuestión ha motivado que la Policía Local se vea
obligada a realizar cientos de informes (7.500 el pasado
año) de comprobaciones, para inspeccionar la situación de
los demandantes de empadronamiento. Y en este concienzudo
esfuerzo, se ha efectuado un despliegue que ha dado
resultados satisfactorios en distintas zonas de la ciudad:
El Príncipe, Juan Carlos I, Los Rosales, el Sardinero…sin
que ninguna zona se haya caracterizado por un predominio en
este sentido, ya que la ilegalidad ha campado a sus anchas
en todos los sectores de la ciudad.
Un asunto que está por comprobar es si los propietarios de
las viviendas han percibido alguna contraprestación
económica por acceder a los empadronamientos, aunque ésta es
una cuestión difícil de demostrar.
Los medios de vida y la actividad económica que pudieran
desarrollar en Ceuta, son cuestiones claves para que la
policía pueda cerciorarse de la situación personal del
demandante de inscribirse en el padrón municipal.
A las prestaciones sociales y fiscales, hay que unir otro
atractivo para los aspirantes a residir en Ceuta: las
bonificaciones del billete de barco o el avión y el tren.
Los beneficios en los transportes, también son una cuestión
a tener muy en cuenta más para incitar al fraude en este
caso.
Sin embargo, no se sancionan los empadronamientos
fraudulentos; únicamente se procede a efectuar la baja
inmediata y, en el caso de que hubiera algún error al
realizarla, el interesado ha de aportar las pruebas
necesarias que justifiquen su condición de residente para
darle nuevamente de alta en el padrón municipal.
Los denominados “pisos patera” han sido un exceso en
cuestión de fraude por empadronamiento en los últimos
tiempos, lo que conlleva también, en algunos casos, una
intención de reagrupamiento familiar ilegal con las cargas
sociales que ello supone para el erario público español. Un
hecho que, dada la situación de crisis económica, se
persigue minuciosamente.
“Hoy no se empadrona a nadie en Ceuta si no existe,
previamente, un informe policial sobre la persona
interesada”, dicen los responsables. Se trata de evitar que
esta ciudad sea un “coladero” para aquéllos desaprensivos
que buscan en la picaresca y en la ilegalidad su propio
beneficio, convirtiéndose en un motivo de fraude permanente.
Una situación que lleva a sobredimensionar las prestaciones
sociales con un coste excesivo e irreal.
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REPORTAJE / EMPADRONAMIENTOS
FRAUDULENTOS
