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El Tribunal de Cuentas, en el anteproyecto de informe
realizado sobre la fiscalización de los ejercicios de los
años 2010 y 2011 de la Ciudad de Ceuta, ha constatado la
existencia de un elevado número de trabajadores fuera de la
plantilla presupuestaria.
Muchos de estos trabajadores, según el documento al que ha
tenido acceso EL PUEBLO, han desarrollado trabajos estables
y, además, han superado los límites de tiempo previstos en
el Estatuto de los Trabajadores, lo que ha supuesto de hecho
una vinculación con la Administración ceutí de forma
indefinida, accediendo por tanto sin haber superado ningún
tipo de proceso selectivo para el puesto que ocupan.
En este mismo orden de cuestiones, el órgano fiscalizador
refleja en su informe que también queda constatado que cada
vez es menor el peso específico del gasto de personal de la
Administración General frente al de sus entidades
dependientes, especialmente en sus sociedades mercantiles,
habiendo pasado del 72 por ciento en 2005 al 66 por ciento
en el año 2012.
Este dato refleja claramente como el Gobierno de Juan Vivas
ha elegido las sociedades municipales y Organismos Autónomos
para ir incrementando la plantilla en un claro detrimento de
los funcionarios públicos y evitando algunos trámites de las
convocatorias públicas.
Así y en lo que se refiere a funcionarios, en 2006 la
Asamblea contaba con 1.423, 89 en los Organismos Autónomos,
681 en las empresas municipales, 2 en las fundaciones y 8 en
el Consorcio UNED.
En 2009, los funcionarios eran 1.418, 160 en los Organismos
Autónomos, 742 en las empresas pública, 8 en las fundaciones
y 9 en el Consorcio de la UNED.
Ya en 2012, último dato que se refleja en el anteproyecto de
informe de los ejercicios 2010 y 2011 del Tribunal de
Cuentas, los funcionarios habían quedado en 1.376 efectivos,
180 en los Organismos Autónomos, 723 en las empresas
municipales, 6 en las fundaciones y 11 en el Consorcio con
la UNED.
Datos globales
A la vista de estos datos y sumando el total de funcionarios
y trabajadores en los distintos ente públicos ceutíes, se
comprueba como en 2006 la cifra total de trabajadores estaba
en 2.203; 2.379 en 2007; 2.288 en 2008; 2.337 en 2009; 2.364
en 2010; 2.392 en 2011 y 2.296 en el año 2012.
Este personal conllevó un gasto, al cierre del ejercicio de
2011, de 113.424.000 euros, lo que representó el 44 por
ciento del gasto total del conjunto del sector público de la
Ciudad y fue calculado una vez eliminadas las transferencias
internas por las aportaciones efectuadas desde la
Administración General a sus entidades dependientes, se
explica en el informe.
Al igual que en el número de efectivos, la evolución del
gasto de Personal refleja un incremento del 33 por ciento
desde 2005 a 2010, año este a partir del que se han
registrado unos decrementos interanuales del 1,5 por ciento
en 2011 y del 9,3 en 2012.
Estos decrementos vienen motivados, fundamentalmente, por la
aprobación por parte del Gobierno de España de los Reales
Decretos por los que se adoptaron las medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público y las
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad.
El informe también aborda todo lo relativo a las condiciones
laborales de los trabajadores pactadas en los convenios
colectivos y el acuerdo regulador para el personal
funcionario de la Administración de la Ciudad, de las que
explica que son prácticamente idénticas, al haberse
regulado, según refleja el documento, de forma unitaria
materias como el régimen retributivo, la jornada laboral,
los horarios, las licencias, permisos, vacaciones, derechos
sociales, formación y promoción profesional, régimen
disciplinario y garantías sindicales. Todo ello a pesar de
que se trata de marcos normativos con diferentes regímenes,
uno el administrativo, el de los funcionarios, y otro el
laboral, y de distintos órdenes jurisdiccionales para la
competencia de la resolución de conflictos que se puedan
suscitar.
Esto es, el funcionario acude si existe conflicto alguno al
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, mientras que el
resto del personal, empresas y otros entes municipales,
recurren en caso de administración de Justicia a los
Juzgados de lo Social, diferencia que queda claramente
marcada entre el derecho administrativo y el derecho
laboral.
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laboral
