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Los expedientes de derribo de Benzú siguen su curso y
Delegación del Gobierno ha comenzado a resolver las
alegaciones que hicieron los vecinos tras recibir la carta
que les anunciaba que levantaran la ocupación del terreno
donde viven al estar, presuntamente, en dominio público. Ya
se han recibido dos cartas con la respuesta de Delegación,
según la información que maneja la Plataforma de Afectados
de Benzú y en ellas se decreta el derribo. La última le ha
llegado a una vecina esta misma semana y en ella se puede
leer que vistos los preceptos legales invocados y demás
normas concordantes y complementarias de general aplicación
el instructor suscribe recuperar de oficio la posición del
dominio público marítimo-terrestre ocupado por esta mujer.
En la carta, a la que ha tenido acceso EL PUEBLO, también se
ordena “el levantamiento por el interesado de la ocupación,
con demolición de la construcción referida y la retirada de
sus restos fuera de dominio público con reposición del
terreno a su estado primitivo en el plazo de tres meses”.
Aunque ante esta resolución cabe recurso de alzada, desde la
plataforma de afectados aseguran que con esta carta se
confirma que “lo que quieren es derribar las casas cuanto
antes y por mucho que vayamos a los tribunales, cuando hayan
demolido las viviendas ya no nos valdrá de nada”, lamentaba
Rahma Mokhlis. Mientras, sobre las declaraciones de la
consejera Susana Román que aseguraba en los medios que se
van a construir 40 viviendas en la barriada, desde la
plataforma no entienden “cómo van a sacar las casas de la
nada”. “Ese caramelo no me convence”, aseguraba Mokhlis.
Dudas de los vecinos
La presidenta de la plataforma de afectados denuncia que el
origen de todos los expedientes del derribo está en el
barreno que se hizo en la cantera de la barriada el pasado
15 de agosto. Cuatro días después, los vecinos denunciaron
ante Delegación los daños que le había provocado esta
‘explosión controlada’ en sus viviendas y “casualmente dos
meses después se inician expedientes de derribo de las casas
que se encuentran en frente, a excepción de dos vecinos”,
señalaba Mokhlis. “No se puede demostrar nada, pero la
pregunta está en el aire”, manifestaba ayer a EL PUEBLO.
“Nadie encuentra lógica a todo este proceso”, aseguraba ayer
Mokhlis para denunciar una vez más que en un momento en el
que “hay 3.000 personas apuntadas para conseguir casa” se
vaya a derribar “unas viviendas dignas, que les han costado
mucho trabajo a las 25 familias que se ven afectadas por
estos expedientes”.
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