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La Ciudad y los sindicatos volvieron a reunirse el lunes en
el marco de la Mesa General de Negociación para abordar,
como único punto del día, las bases para la provisión del
puesto de Oficial Mayor de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Este punto ya estaba contemplado en la reunión mantenida la
pasada semana pero se decidió retirarlo con el fin de
tratarlo en exclusividad ante los continuos problemas que
estas bases están provocando, no en vano, las centrales
sindicales coincidieron en rechazar las mismas al considerar
que no se ajustan a derecho.
Toda esta contienda contra el puesto de Oficial Mayor de la
Ciudad la inició la Federación de Servicios Públicos de la
UGT (FSP-UGT) y ahora también se han sumado el resto de
sindicatos con representación en la Administración Local,
los cuales consideran que existen muchas presuntas
ilegalidades en las bases presentadas.
Tal y como ha podido saber este diario, las bases
presentadas para la provisión del puesto de Oficial Mayor
recogen que al mismo tan sólo podrían acceder funcionarios
de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional, clase tercera, Grupo A1 y nivel 30 de complemento
de destino, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local, artículo primero, apartado 25 y
disposición transitoria séptima, y de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
En este sentido, tal y como ha podido saber EL PUEBLO, la
Ley de Base de Régimen Local es muy clara donde quedan
catalogadas las clases de los ayuntamientos en función de
sus habitantes. En este sentido, los ayuntamientos de
ciudades de más de 20.000 habitantes son de clase primera,
los de ciudades de entre 5.000 a 20.000 habitantes serían de
clase segunda, y los de menos de 5.000 habitantes son de
clase tercera, por lo que las bases presentadas para Oficial
Mayor pretenden degradar el nivel del ayuntamiento ceutí,
que es de clase primera.
Esta cuestión fue puesta en conocimiento del Ejecutivo de
Vivas, que ha quedado en realizar una consulta al Ministerio
de Administraciones Públicas con el fin de que se emita un
informe y se dictamine si las bases redactadas se ajustan o
no a derecho.
Toda esta situación hace que los sindicatos sospechen de que
presuntamente se pueda estar ajustando la plaza a un perfil
determinado que ocuparía dicho puesto por el ejercicio de la
libre designación, y de ahí que no descarten que todo este
asunto finalice en los juzgados.
Tanto UGT, como CCOO y CSI-F han mostrado su disconformidad
con las bases y han logrado en esta última reunión mantenida
el pasado lunes, paralizar todo el proceso hasta que la
Ciudad obtenga el informe del Ministerio de Administraciones
Públicas. En este sentido se ha asegurado que si el informe
es negativo y la Ciudad finalmente decide no seguir con la
provisión de la plaza de Oficial Mayor, se pondría el punto
y final a esta cuestión, pero si el proceso continuase los
sindicatos acudirán a los tribunales.
Precisamente, este asunto ya viene coleando desde hace
meses, no en vano a primeros de diciembre ya se destacó que
el aumento de plantilla previsto en los Presupuestos de 2014
para la Ciudad, en los que se contempla la creación de una
plaza de un funcionario del Grupo A1 de Oficial Mayor, es
contrario a lo establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estados para los años 2013 y 2014.
A este respecto hay que recordar que la FSP-UGT ya explicó
en su momento que el artículo 23-uno-1 de la Ley 17/2012, de
27 de diciembre, cuyo título corresponde a la oferta de
empleo público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal de los Presupuestos
Generales del Estado para el 2013, establece que durante ese
año no puede aumentarse la plantilla de personal funcionario
de carrera, salvo “algunas excepciones como es el personal
sanitario y otros, no estando previsto la plaza de un
funcionario del grupo A1 de Oficial Mayor”.
Las centrales sindicales han coincidido en afirmar que hay
que tener en consideración que la Ciudad ha suprimido muchos
puestos de trabajo por razones presupuestarias, por lo que
entienden que “no tiene sentido dicho aumento de plantilla
cuando se ha disminuido las misma por razones económicas”,
de ahí que mantengan la supresión de la citada plaza.
Finalmente, la precariedad en la que se mantienen los
puestos de interventor, tesorero e, incluso, la secretaría
general no es nada nuevo. Tanto es así que han sido muchas
las denuncias públicas que los sindicatos han venido
haciendo sobre el asunto, por lo que ya llueve sobre mojado.
Además la UGT está esperando respuesta del Ministerio de
Administraciones Públicas sobre los motivos por los que se
eliminaron del concurso las plazas de tesorero e interventor
de la Ciudad Autónoma de Ceuta cuando ninguno de los tres
requisitos esgrimidos para poder llevarse a cabo esta
supresión se cumplen en la ciudad.
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