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Los trabajadores de Justicia están en pie de guerra ante el
anuncio de “privatización” de los Registros Civiles de todo
el país. En Ceuta, este órgano, cuenta a ocho trabajadores,
siete con plaza y un interino, después de haber perdido
recientemente a otro interino con motivo de la entrada en
funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial. El secretario
de Justicia de CCOO, Miguel Almedina, alerta de que pasar a
manos de los registradores de la propiedad el registro civil
supondrá “despidos”. “Tras el afán privatizador de este
Gobierno, el fondo de la cuestión es el ahorro y con esta
medida pueden ir a la calle entre 800 o 1.000 interinos que
están ahora mismo en los registros civiles de toda España”,
asegura Almedina.
El secretario de Justicia de CCOO señala como tras “la
privatización”, los funcionarios del Registro Civil se
adscribirían de forma temporal a otros servicios de la Nueva
Oficina Judicial, mientras que se prescindiría de los
interinos. Esta medida, según señala Almedina, supondría un
caos y más en una ciudad como Ceuta, donde hay un alto
volumen de asuntos. Un motivo que también ha llevado al
sindicato a reivindicar en varias ocasiones que se aumente
el número de trabajadores del Registro Civil. “Esta es una
pelea constante”, asegura el representante sindical para
explica que en Ceuta, el alto número de expedientes por
matrimonios mixtos entre españoles y extranjeros,
solicitudes de nacionalidad o el alto porcentaje de
nacimientos, en lo que la ciudad encabeza el ranking a nivel
nacional, hace que la carga de trabajo sea mayor que en el
resto de registros.
“Pasar por caja”
Almedina advierte de que la privatización de los registros
civiles planeada por el Gobierno es “el paso previo a pasar
por caja”. Y es que, para Almedina la última intención de
este cambio es que los ciudadanos tengan que pagar por
cualquier trámite en el registro. Además, el representante
de CCOO manifiesta que se le quieren dar competencias a los
notarios como el matrimonio o los divorcios de mutuo
acuerdo, “para que el ciudadano termine pagando”.
A nivel nacional, CCOO ha iniciado una ronda de reuniones
con los distintos grupos de la oposición en el Congreso para
lograr “el máximo consenso parlamentario” en contra de esta
medida. El primer encuentro se produjo el martes y fue con
el grupo de la Izquierda Plural, cuyo portavoz, Gaspar
Llamazares, le trasladó al sindicato que “comparte la
posición de rechazar la privatización” y por ello “exigirán”
al Gobierno que no la lleve a cabo. Su grupo presentará una
iniciativa a la Cámara Baja en la que solicitará una
comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Además, también han remitido varias preguntas para que el
responsable de Justicia aclare varias cuestiones derivadas
de esta privatización.
CCOO, también se ha reunido con los sindicatos CSIF, STAJ y
UGT para establecer “un frente común contra la decisión de
Gallardón”. Para ello se preparará un calendario de acciones
de la máxima contundencia, “sin descartar ninguna medida de
presión para parar esta privatización”. Manifestaciones,
actos de protesta en dónde comparezca el ministro Gallardón,
o impulsar el apoyo de la sociedad con actos de información
a la ciudadanía, son algunas de las propuestas. Además, lo
sindicatos buscarán el apoyo del Colegio de Registradores y
de los alcaldes de municipios y provincias. Todo con el
objetivo, irrenunciable, de que Gallardón no lleve adelante
la privatización del registro civil.
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IU reclama más personal para impulsar la NOJ y pregunta al
Gobierno por qué no convoca nuevas plazas
Izquierda Unida ha remitido al
Congreso de los Diputados varias preguntas por escrito para
conocer por qué se está negociando con los registradores la
privatización del registro civil, pero también para
cuestionar la política del Gobierno de no convocar Oferta de
Empleo Público para los Cuerpos Generales de esta
Administración. Así, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar
Llamazares advierte en su escrito al Ejecutivo de que la
congelación de la plantilla “impedirá la definitiva
implantación de la Nueva Oficina Judicial.
“Estamos asistiendo al desmantelamiento progresivo del
servicio público de Justicia”, alerta el parlamentario para
dejar caer que “parece evidente que el Gobierno no tiene
voluntad de impulsar la implantación de la NOJ”. El grupo
señala como en la actualidad la Administración de Justicia
cuenta con muchos interinos, que en la Comunidad de Madrid
podrían incluso alcanzar el 40% de los trabajadores, y pide
que estas plazas, ya presupuestadas, se consoliden.
Así, pregunta al Gobierno cuáles son los motivos por los que
no convoca Oferta de Empleo Público para los Cuerpos
Generales de la Administración Justicia, si tiene previsto
convocar dicha oferta y, en caso afirmativo, en qué fecha, y
cuantas plazas se convocaría. Por último, Llamazares le pide
al Gobierno de Mariano Rajoy que le explique a su grupo sus
previsiones para abordar la implantación de la nueva oficina
judicial en todo el país.
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