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FeS-UGT ha solicitado al Ministerio de Justicia y al Colegio
de Registradores que se pongan manos a la obra para buscar
un consenso social y laboral para que la función del
Registro Civil “mantenga sus garantías”. Desde el sindicato
han expresado su inquietud por conseguir que los ciudadanos
no paguen “dos veces por los mismo (impuestos y aranceles),
para que la optimización del Registro Civil no suponga la
supresión de miles de puestos de trabajo y para que la
función y el empleo de los Registros de la Propiedad y
Mercantiles sea viable y asumible”.
Desde FeS-UGT, a través de un comunicado, han reiterado su
preocupación por “la falta de transparencia” con respecto a
la ciudadanía y los empleados de los Registros Civiles y de
la Propiedad y Mercantiles que, a su juicio, existe en el
proceso de privatización que quiere llevar a cabo el
ministerio. “La supresión de la gratuidad del servicio
público del Registro Civil es impopular y probablemente
injustificada”, apuntan desde UGT para añadir que la pérdida
de puestos de trabajo es “lamentable e ineficaz” y que la
asunción gratuita de funciones resulta “inviable para unos
Registros de la Propiedad que -en la actualidad- no cubren
los gastos de la gestión propia y que verían incrementados
los costes, lo que resulta inasumible”.
Tras la información aparecida en los medios de comunicación,
que se han hecho eco del avanzado proceso de cesión del
Registro Civil, desde UGT alertan de que hay aspectos que es
necesario “tener en cuenta por la ciudadanía y por los
empleados de unos y otros Registros”. En este sentido se
habla de “la gratuidad o no del servicio, de la importante
pérdida de empleos en un colectivo y de la probable asunción
de hasta un 80% de esos empleos por los Registros
absorbentes”.
Desde FeS-UGT -como representantes de los empleados de los
Registros de la Propiedad y Mercantiles- han querido
reiterar su preocupación por los efectos de una asunción de
nuevas funciones que no se apruebe con el consenso
necesario. “Advertimos que como ciudadanos debemos negarnos
ante la supresión de la gratuidad del Registro Civil y como
empleados de los Registros de la Propiedad y Mercantiles
necesitamos impedir la asunción de funciones que precaricen
todavía más el empleo de nuestro colectivo”, alertan desde
el sindicato, que espera que el ministro de Justicia
garantice un proceso de cambio en el que los ciudadanos no
pierdan sus actuales beneficios, ni los trabajadores sus
empleos vinculados a este servicio. En la ciudad, el
Registro Civil cuenta con ocho trabajadores, siete de ellos
con plaza fija y un interino, que podría perder su trabajo.
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union general de trabajadores
