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El actual interventor de la Ciudad Autónoma de Ceuta, José
María Caminero, tendrá que comparecer hoy ante el juzgado
que instruye la querella criminal interpuesta por la empresa
Grupo Oclem ante el impago sucedido a raíz de los trabajos
realizados por la mencionada empresa a la Ciudad Autónoma de
Ceuta por un estudio auditoría de Eficiencia Energética del
Alumbrado Eléctrico de la Ciudad por un importe total de
18.000 euros, 17.307,69 euros precio del contrato y 692, 31
euros, cantidad correspondiente al 4% de IPSI.
La titular del Juzgado obligó hace fechas al interventor a
tener que depositar la cifra de dieciocho mil euros en
concepto de fianza, según aseguraron a este periódico
fuentes de la empresa, que agregaron que en la querella
criminal presentada por un presunto delito de prevaricación
administrativa se exigió que la autoridad judicial fijara
esa cantidad, que es coincidente con la que aparece en el
expediente y con el importe de la factura adeudada por la
Ciudad, en concepto de fianza para en el supuesto que
existiese responsabilidad civil en el expediente judicial
que está en marcha y por el que tiene que declarar hoy el
empleado municipal.
La medida no es muy usual en este tipo de procesos y los
jueces la toman en contadas ocasiones y cuando tienen el
asunto bastante claro, según aseguraron las fuentes.
La empresa siempre ha dejado claro que fueron muchas las
ocasiones en las que se pusieron en contacto con la Ciudad
para tratar de cobrar la cantidad que se le adeudaba por el
mencionado contrato de asesoramiento técnico que debería
formar parte del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato
de Servicio Integral de Alumbrado Exterior de la Ciudad de
Ceuta. Las gestiones realizadas por la empresa dieron
resultados negativos
La historia comienza el 11 de julio de 2011, el entonces
consejero de Fomento y Medio Ambiente y presidente de la
GIUCE, Guillermo Martínez firmaba un decreto por el que se
la adjudicaba al Grupo Oclem, un estudio auditoría de
Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la Ciudad
por un importe total de 18.000 euros, 17.307,69 euros precio
del contrato y 692, 31 euros, cantidad correspondiente al 4%
de IPSI.
Comunicación a la empresa
Con fecha de salida del 14 de julio del mismo año, desde la
GIUCE se envía un escrito al GRUPO OCLEM en el que se le
comunica a la mercantil la adjudicación del contrato,
documento firmado por la Secretaria General. La adjudicación
a la empresa ya quedaba finiquitada. En el expediente y con
fecha 8 de agosto de 2011, se dirige al Interventor un acta
de conformidad firmado por el jefe de Industria y Energía en
el que se hace constar “que la empresa Oclem Gestión
Integral SL, adjudicataria del estudio auditoría de
eficiencia energética del alumbrado público dependiente de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, decreto del 11 de julio de
2011, realizó dicho estudio conforme a las especificaciones
técnicas recogidas en la documentación obrante en el
expediente”, que se perdió, como así lo indica el gerente de
la GIUCE en una diligencia fechada el 14 de mayo de 2013 y
hecho corroborado a su vez por la empresa adjudicataria. El
11 de junio de 2013, el interventor emite un informe en el
que se queja de la fecha de la llegada de la factura, 26 de
diciembre de 2012, alegando el plazo de adjudicación era de
un mes.
El interventor solicitó a la GIUCE por ello un informe
justificativo de las causas del retraso. Otra de las
cuestiones que ponía en entredicho el interventor era que
“el estudio de auditoría no se atiene a lo recogido en el
informe emitido por el ingeniero técnico de la GIUCE, que
exige el cumplimiento de una serie de apartados que no han
sido abordados por el adjudicatario”. También se explica en
el documento que el estudio se compone de nueve páginas de
contenido y dos anexos con fichas y que el estudio dedica su
contenido en transcribir datos facilitados por la GIUCE.
Ante ello, el interventor cierra su escrito, de dos páginas,
manifestando que “por todo lo expuesto, se devuelve el
expediente a la GIUCE.
Sin embargo, el jefe de servicio de Industria y Energía, en
un informe técnico, viene a decir “que la auditoría dio
pleno cumplimiento al objeto para la que fue encargada”.
Por otro lado, el presidente Juan Vivas defendió a
principios de febrero al interventor en un pleno y dijo que
aclarará todo lo relativo el ‘Caso Oclem’
Fue en una respuesta a una interpelación del grupo político
de Coalición Caballas, cuyos máximos responsables explicaron
en la sesión plenaria citada que veían en el asunto una
presunta corrupción y amenazaron al presidente de la Ciudad
con acudir a los tribunales de Justicia si no se clarifica
todo lo relativo a este expediente.
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