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La oficina de información a afectados por el posible robo de
bebés ha recibido peticiones de 476 personas una vez
transcurrido un año desde su creación por el Ministerio de
Justicia, informa este departamento. De los datos
facilitados destaca que las ciudades autónomas Ceuta y
Melilla no han registrado ningún caso en este primer año de
funcionamiento de la oficina de bebés robados.
Estas personas han recurrido a este servicio para solicitar
documentación registral a disposición de la Administración,
como expedientes sanitarios y datos registrales, que pueda
ayudar a aclarar sus casos.
La directora de este servicio, Carmen de Troya, explica en
un comunicado que “la casuística registrada es muy amplia” y
que se ha atendido a “personas que sospechan que sus bebés
fueron sustraídos o vendidos y a otras que dudan de la
legalidad de sus adopciones pero curiosamente una gran parte
de los que han acudido simplemente querían conocer sus
orígenes biológicos, saber quiénes eran sus padres o sus
hermanos y nada más”.
Al acceder a este servicio los interesados prestan el
consentimiento necesario para remitir al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los datos relativos
al nacimiento o parto y que así se pueda proceder a un cruce
con los que constan en la historia clínica o en cualquier
otro documento en poder de los centros sanitarios.
Con los datos facilitados por los afectados la oficina ha
remitido durante este año un total de 503 oficios a las
distintas administraciones e instituciones públicas que
pudieran tener algún antecedente sobre el caso. De estos,
210 se dirigieron al Ministerio de Sanidad, 130 a
cementerios, 118 al Registro Civil y los 45 restantes a
fiscalías, diputaciones, ayuntamientos, archidiócesis y
otras entidades y más de la mitad recibió contestación.
La colaboración del Ministerio del Interior ha permitido que
las oficinas de denuncia y atención al ciudadano desplegadas
en todo el territorio nacional hayan sido uno de los
principales cauces utilizados por los afectados para la
presentación de expedientes.
Otro servicio que ofrece la oficina es la inscripción de
forma gratuita del perfil genético del afectado -realizado
tanto en laboratorio público como privado con las debidas
garantías- en una base de datos única centralizada en el
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este
instituto valida técnicamente los informes genéticos
recabados, comprobando que cumplen los requerimientos
científicos mínimos para garantizar la máxima calidad
pericial.
En total 213 perfiles genéticos han sido aportados por los
afectados en este primer año aunque por el momento no ha
habido indicios de compatibilidad ya que se trata de una
base de datos aún pequeña.
Carmen de Troya hace un llamamiento a los posibles afectados
para que depositen su perfil genético en esta base para
aumentar las posibilidades de obtener coincidencias.
Si con el incremento de perfiles genéticos a lo largo de los
próximos años aparecieran indicios de una compatibilidad,
para poder emitir un informe definitivo el Instituto de
Toxicología requeriría a las personas afectadas una nueva
toma de muestras de referencia para contrastar los
resultados.
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