|
El procedimiento penal contra el actual Interventor de la
Ciudad Autónoma, José María Caminero, por un supuesto delito
de prevaricación administrativa sigue abierto a pesar de que
el imputado y la Fiscalía hayan pedido que se cerrara, según
han informado fuentes cercanas al caso. La empresa ‘Oclem’
le imputa a Caminero un delito de prevaricación
administrativa por no aprobar el pago de un auditoría que
realizaron por encargo de la administración. La cantidad del
contrato, que asciende a 18.000 euros, es la misma que el
interventor ha tenido que pagar en concepto de fianza y, de
momento, no la recuperará. Caminero interpuso un recurso
ante la querella criminal de Oclem y Fiscalía se unió a
ella.
El Ministerio Público entiende que no hay indicios de delito
en el hecho de que Caminero se haya negado a aprobar el pago
del contrato porque, según alegó el interventor, el estudio
auditoría “no se atiene a lo recogido en el informe emitido
por el ingeniero técnico de la GIUCE, que exige el
cumplimiento de una serie de apartados que no han sido
abordados por el adjudicatario”. Sin embargo, la titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta, que lleva el caso,
ha desestimado ambos recursos para aclarar unos hechos que
tienen apariencia delictiva, según entiende la juez.
El procedimiento sigue su curso y no será hasta que se
escuche a las partes y se recopile toda la información
cuando la juez decida si se archiva la querella o no. Este
miércoles el interventor y el técnico de Industria del
Ayuntamiento que da por válido el estudio de auditoría
estaban citados para declarar en el juzgado. Aunque
finalmente la declaración se aplazó debido a que el
representante legal de Oclem no pudo viajar a la ciudad por
encontrarse indispuesto, según han informado fuentes de la
mercantil.
Más allá de sus funciones
Desde la empresa aclaran que si se le imputa a Caminero un
delito de prevaricación administrativa no es porque este se
negara a aprobar el pago, sino por que “se ha extralimitado
de sus funciones”. El interventor señalaba en su informe que
se habían copiado datos de la GIUCE, aunque la empresa
señala que esos datos fueron facilitados por la ciudad para
poder hacer el estudio. Los representantes jurídicos de
Oclem entienden que los técnicos son los que deben juzgar si
la auditoria de Eficiencia Energética del Alumbrado
Eléctrico de la Ciudad que se encargó a la empresa cumplía
los objetivos o no. De hecho, el jefe de servicio de
Industria y Energía, en un informe técnico, señaló que la
auditoría dio pleno cumplimiento al objetivo para la que fue
encargada. Además, el estudio realizado por Oclem se utilizó
para establecer las bases del Pliego de Condiciones Técnicas
del contrato de Servicio Integral de Alumbrado Exterior de
la ciudad, aunque el concurso al final se echó para atrás.
Los jurídicos de Oclem recuerdan que el proyecto, adjudicado
como contrato menor ya que no superaba el límite de 18.000
euros para tener que convocar un concurso, siguió el
procedimiento habitual y fue supervisado por Caminero, quien
a última hora, se negó a aprobar el pago. El caso lleva
estancado desde 2012 y en ese tiempo la empresa ha
contactado en varias ocasiones con la Ciudad, desde donde
les dicen que el informe es correcto. Incluso se han
aportado al procedimiento documentos en los que el jefe de
servicio de Industria y Energía le transmite al interventor
que la auditoría es correcta y que había que pagar.
|
|
Pena de inhabilitación de siete a diez años
El artículo 404 del Código Penal
español recoge que se considerará delito de prevaricación
administrativa a la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con
la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de siete a diez años.
|
|
Estudio sobre el alumbrado eléctrico
El ‘Caso Oclem’ tiene su origen en
2011, cuando la Ciudad designa a esta empresa para realizar
un estudio auditoría de Eficiencia Energética del Alumbrado
Eléctrico de la ciudad por un importe total de 18.000 euros.
La empresa envió a cinco ingenieros a desarrollar dicho
estudio y presentó sus resultados a la Ciudad, que los dio
por buenos, aunque el interventor no y por eso no firmó el
pago.
|
|
Investigación alternativa desde la Ciudad
La Ciudad Autónoma ha iniciado una
investigación alternativa para esclarecer quién y por qué
encargó a la empresa Oclem un contrato por la cantidad
máxima exacta que se podía gestionar tener que llevar la
adjudicación a concurso público. El propio presidente del
Ejecutivo local, Juan Vivas, se comprometió en el pasado mes
de enero a iniciar dicha investigación.
|
tribunales
