|
La empresa ‘Grupo Oclem’ que resultó la adjudicataria de un
contrato de asesoramiento técnico para el Pliego de
Condiciones Técnicas del contrato de Servicio Integral de
Alumbrado Exterior de la Ciudad de Ceuta y que ha
interpuesto una querella contra el interventor de la Ciudad
Autónoma, José María Caminero, por un presunto delito de
prevaricación, afirma que si se le imputa a Caminero un
delito no es porque este se negara a aprobar el pago, sino
porque “se ha extralimitado de sus funciones”.
Los jurídicos de ‘Oclem’ recuerdan que el proyecto siguió el
procedimiento habitual y fue supervisado por Caminero, quien
a última hora, se negó a aprobar el pago, señalando en su
informe que se habían copiado datos de la GIUCE, aunque la
empresa señala que esos datos fueron facilitados por la
ciudad como era preceptivo para poder hacer el estudio. Los
representantes jurídicos de ‘Oclem entienden que no es el
Interventor, sino los técnicos los que deben juzgar si la
auditoria de Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico
de la Ciudad que se encargó a la empresa cumplía los
objetivos o no. De hecho, el jefe de servicio de Industria y
Energía, en un informe técnico, señaló que la auditoría dio
pleno cumplimiento al objetivo para la que fue encargada.
Además, el estudio realizado por Oclem se utilizó para
establecer las bases del Pliego de Condiciones Técnicas del
contrato de Servicio Integral de Alumbrado Exterior de la
Ciudad, aunque el concurso al final se echó para atrás.
La empresa asegura que desplazó hasta Ceuta “a cinco
ingenieros a desarrollar dicho estudio” y que tiene pruebas
de ello. Incluso se han aportado al procedimiento correos
electrónicos y documentos en los que el jefe de servicio de
Industria y Energía le transmite al Interventor que la
auditoría es correcta y que había que pagar.
Así el informe técnico el jefe de servicio de Industria y
Energía dice textualmente que “por lo que se refiere al
desistimiento de la licitación para la contratación de la
Gestión del Servicio Integral de Alumbrado Exterior para la
Ciudad de Ceuta (exp. 01/12) por parte de esta
Administración, nada tiene que ver con el hecho cierto de
que para la preparación de los documentos previos de la
misma, en concreto del Pliego de Prescripciones Técnicas,
fuera imprescindible un estudio de Auditoría del Alumbrado
Público, para lo cual el Consejero adopta resolución el día
11 de julio de 2011 y en virtud de la misma se contratan los
trabajos a Oclem (exp.7.001/11)”.
Además en el informe consta claramente que “la mencionada
auditoría dio pleno cumplimiento al objeto para cual fue
encargada, que no era otro que formar parte del Pliego de
Prescripciones Técnicas para la lictación”, afirmando
también que “esto queda patente y de manifiesto al no obrar
en el expediente documento alguno que, en tiempo y forma,
manifieste disconformidad alguna con la mencionada auditoría”.
Sin embargo, el Interventor de la Ciudad Autónoma, José
María Caminero, emite un informe en el expone que “en cuanto
al estudio de auditoría, no se atiene a lo recogido en el
informe emitido por el ingeniero técnico de la GIUCE, que
exige el cumplimiento de una serie de apartados que han sido
abordados por el adjudicatario”.
Es en este sentido en el que la empresa ‘Grupo Oclem’
defiende que Caminero se habría extralimitado en sus
funciones, ya que dentro de su cometido no se encuentra la
de analizar el contenido del trabajo realizado. “Se imaginan
al señor Interventor visitando y revisando todas las obras
contratadas por la Ciudad, por ejemplo un polideportivo y
emitiendo un informe expresando si una pared está pintada de
rojo y debía ser verde”, destacan los reponsables de la
empresa. “Esa función corresponde a los técnicos del
Ayuntamiento”, subrayan.
|
|
Oclem se querella contra el Interventor
El grupo Oclem presenta una
querella criminal contra el Interventor de la Ciudad, José
María Caminero, ante el impago sucedido a raíz de los
trabajos realizados por la mencionada empresa a la Ciudad
Autónoma de Ceuta por un estudio auditoría de Eficiencia
Energética del Alumbrado Eléctrico de la Ciudad por un
importe total de 17.307,69 euros.
|
|
El Jefe de Industria da el OK al trabajo
El jefe de servicio de Industria y
afirma“que la auditoría dio pleno cumplimiento al objeto
para la que fue encargada” afirmando también que “esto queda
patente y de manifiesto al no obrar en el expediente
documento alguno que, en tiempo y forma, manifieste
disconformidad alguna con la mencionada auditoría”.
|
|
El Interventor se niega a aprobar el pago de la factura
El interventor pone en entredicho
que “el estudio de auditoría no se atiene a lo recogido en
el informe emitido por el ingeniero técnico de la GIUCE, que
exige el cumplimiento de una serie de apartados que no han
sido abordados por el adjudicatario”. Ante ello, el
interventor cierra su escrito, de dos páginas, manifestando
que “por todo lo expuesto, se devuelve el expediente a la
GIUCE.
|
|
El Interventor obligado a depositar 18.000€
La titular del Juzgado obligó hace
fechas al interventor a tener que depositar la cifra de
dieciocho mil euros en concepto de fianza, según aseguraron
a este periódico fuentes de la empresa, que agregaron que en
la querella criminal presentada por un presunto delito de
prevaricación administrativa cuya pena de inhabilitación
oscila entre siete y diez años.
|
tribunales
