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Ante la decisión de proceder a la privatización de los
Registros Civiles de España con la entrega de su gestión a
los registradores, la Plataforma ‘Justicia para Todos’, ha
informado, a través de un comunicado que “actualmente,
existen en España 431 Registros Civiles principales, junto a
más de 7.000 Juzgados de Paz con competencias en materia de
Registro Civil que van a ser privatizados por el Ministro de
Justicia. Esta reforma conlleva la supresión de 3.500
puestos de trabajo en la Administración de Justicia”.
La Plataforma explica que “la privatización del Registro
Civil se basa en un presupuesto falso que pretende
justificarla como la única alternativa posible a los
problemas del Registro Civil. El problema del Registro Civil
es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no
lo han dotado de personal suficiente”, afirman. “Esta
privatización -añaden- se produce después de haberse
realizado recientemente una importante inversión para su
modernización, de 128 millones de euros”, dinero público que
“ahora se aprovechará” para una gestión privada.
Sin embargo, la Plataforma destaca que “la percepción de
este servicio público por la ciudadanía tiene una valoración
positiva. Es evidente que lo que tiene que hacer el
Ministerio de Justicia no es privatizar sino invertir en
medios para la ciudadanía”.
Por otro lado, con esta privatización “se reducirá
drásticamente el número de Registros Civiles”. De los
actualmente existentes (uno por partido judicial y uno por
cada Juzgado de Paz) a uno por provincia, uno en cada isla
de Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Además
“elimina además el Registro Civil central y las Agrupaciones
y los Juzgados de Paz. Así, la privatización del Registro
civil supone además el alejamiento efectivo de este servicio
de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo
dispuesto en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la
Justicia, aprobada el Pleno del Congreso de los Diputados
por unanimidad el 16 de abril de 2002, y del sentido común.
La proximidad y la accesibilidad dejan de ser
características del mismo”.
Además, “los ciudadanos nos vamos a ver obligados a pagar
por doble vía: por los aranceles que van a gravar a algunas
inscripciones y actos del Registro Civil, y por impuestos.
Hasta ahora todo ello era gratuito. Ya lo habíamos pagado
vía impuestos”.
“A esto se une -afirma la Plataforma- que el Ministerio de
Justicia ya ha anunciado un incremento de actos inscribibles
y de aranceles en los Registros de la Propiedad lo que
indirectamente supone un sobrecoste para los ciudadanos”.
Por último, “los datos que constan en las inscripciones
registrales (como los relativos al estado civil, a la
adopción, al cambio de sexo….) deben ser recogidos de modo
fidedigno y custodiados en archivos oficiales. La protección
de datos está garantizada por el deber de sigilo de los
funcionarios sobre cuestiones relacionadas con su trabajo.
La privatización supone que estos datos especialmente
protegidos van a ser tratados por personas ajenas a la
condición de funcionarios públicos, lo cual perjudicará a la
mayoría de la población”, defienden desde la Plataforma.
Ante la decisión del Gobierno de Españala Plataforma
‘Justicia para todos’ ha querido manifestar al Ministro de
Justicia y al Gobierno cuatro puntos esenciales:
- El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los
Registros Civiles. Y debe mantener su actual estado de
servicio público, universal y gratuito.
- Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia tienen la preparación, la
experiencia y la capacidad para sostener el Registro Civil
sin necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta
el momento desde hace muchísimos años. El Ministerio de
Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles
mantendrán su condición de servicio público y que en los
mismos continuarán prestando servicios el personal de la
Administración de Justicia dotándolos de los medios
personales y materiales necesarios.
- El Gobierno debe comprometerse a garantizar que en los
Registros Civiles todos los actos relativos a la situación
de las personas ante los Registros civiles seguirán sin
suponer ningún coste para la ciudadanía.
- En todo caso, el Gobierno debe asegurar, en la Ley de los
Registros Civiles, todo el empleo existente en la
actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos
con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz, de toda
España. Debe comprometerse a que no habrá amortización de
plantilla de la Administración de Justicia.
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