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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al
Gobierno que establezca un procedimiento previo a la
suspensión del suministro eléctrico que refuerce las
garantías de los consumidores. Así lo anunció ayer a lo
largo de su comparecencia ante la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el
Informe Anual 2013.
La Institución quiere que, antes de que las compañías corten
el suministro eléctrico por impago o fraude, los
consumidores puedan formular alegaciones en su defensa y que
se respete la presunción de inocencia.
En una recomendación dirigida a la Secretaría de Estado de
Energía el 6 de marzo, la Defensora ha pedido también que se
permita la posibilidad de fraccionar el pago de la deuda. La
recomendación parte de la base de que el suministro
eléctrico es esencial para una vida digna, por lo que su
privación coloca a las personas en situación de exclusión
social.
Actualmente, la suspensión del suministro eléctrico por
fraude se ejecuta tras un procedimiento en el que la propia
compañía determina el importe defraudado, sin audiencia al
interesado.
La Institución también ha llamado reiteradamente la atención
sobre errores de las empresas, que en ocasiones suspenden el
suministro eléctrico y reclaman el pago de la deuda a la
persona equivocada.
Además, y salvo que el suministro sea declarado esencial, el
procedimiento actual no prevé la intervención de la
Administración ni de órgano judicial alguno. Por ello, la
Defensora del Pueblo ha recomendado que se exija la
intervención de la Administración competente y que en
determinados supuestos intervengan los servicios sociales
para valorar en qué medida las situaciones de fraude o
impago responden a serias dificultades económicas.
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