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El Gobierno de Juan Vivas va a
llevar a la institución autonómica al desprestigio como
consecuencia de su forma displicente de gobernar. El embargo
dictado por el Juzgado para cumplir con las obras de los
garajes de la Marina es el último ejemplo de cómo no respeta
el Ejecutivo local las sentencias judiciales. Ahora el
contencioso-administrativo declara la ejecución susbsidiaria
y al no obtener respuesta ha dado diez días de plazo a la
Ciudad para que designe los bienes embargables por una
cuantía superior a los 2 millones de euros e ingresar
886.000 euros que la Administración aseguró consignar en el
Presupuesto de 2013 para las obras de reparación, ya que la
cantidad total presupuestada por la comunidad de vecinos
para las obras es de 3,1 millones de euros. Además, solicita
la identificación del responsable del incumplimiento de la
sentencia para depurar responsabilidades legales.
Estas prácticas que se están haciendo habituales
(incumplimiento de sentencia y caso omiso a los plazos
establecidos por el Juzgado), puede acarrear más de un
disgusto a la Ciudad Autónoma, por el uso y abuso de estas
prácticas habituales en el Gobierno Vivas. Si además,
entraña la inhabilitación de algún funcionario, podría dar
lugar a que algo cambie la dinámica emprendida desde hace
tiempo por el Gobierno de Vivas, que actúa como si se
considerara intocable o por encima del bien y del mal,
incluso, por encima de los propios jueces.
El Pleno de ayer situó las obras de la Marina en el foco con
la GIUCE como responsable de la adjudicación de las obras y,
nosotros hoy, descubrimos también esta orden de embargo que
supone una bochornosa situación institucional que nos
avergüenza. ¿Adjudicarán definitivamente hoy el proyecto de
la Marina? Se admiten apuestas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
