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ACTUALIDAD - DOMINGO, 23 DE MARZO DE 2014

 

Tribunales

Piden archivar la ejecución de la sentencia por desligitimación

CEUTA
El Pueblo

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Una sentencia firme está siendo muy cuestionada por la representación legal de la Televisión Pública, con unos argumentos que han hecho comentar a algunos compañeros letrados que se aprecia cierta “mala fe procesal”, por las argucias empleadas en la dilación de un procedimiento que nunca fue recurrido en tiempo y forma y que supondrá un desembolso para las arcas públicas de entre 40.000 y 50.000 euros por una negligente actuación procesal de la empresa.

La dilación en el tiempo que se está planteando por parte de la representación letrada de RTVCE, no deja de ser una forma de aumentar los gastos de manera absolutamente caprichosa, ya que los intereses de demora en este caso son del 7% de la cantidad total reclamada y, para dirimir las cuantías económicas, en el momento de las liquidaciones, el Juzgado de lo Social, planteará un 30% más de la cantidad total reclamada, para satisfacer los intereses de demora y otros gastos, derivados del proceso judicial y que se solicita a modo de provisión de fondos.

De ahí que en la empresa pública se esté preparado para esta contingencia que, a medida que siga transcurriendo el tiempo, será más costosa, pese a que el final es el abono de las cantidades que correspondan según la sentencia firme dictada el 26 de junio de 2013. Ahora, nueve meses después, aún se está prolongando en el tiempo la liquidación económica, como si hubiera alguna otra salida diferente a satisfacer las cantidades a que hubiera lugar. Esta dinámica caprichosa es el síntoma inequívoco de la alegría que se tiene con dinero ajeno, público, de los impuestos de los ciudadanos, encareciendo una liquidación para la que se pide “archivar la ejecución por falta de legitimación para instarla (del representante de UGT), “así como se proceda a subsanar las notificaciones incorrectamente realizadas, quedando en suspenso las ejecuciones (de UGT y CSIF) hasta tanto no se verifiquen las mismas”. Ahora RTVCE dice que UGT no acredita la autorización para instar al procedimiento ni la representación de los trabajadores en el mismo.
 


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