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Mejorar la protección de las víctimas, asegurar la formación
de todos los agentes implicados, aumentar las competencias
de los juzgados de violencia sobre la mujer y mejorar la
coordinación. Éstas son algunas de las medidas que acordaron
ayer los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de
Interior, Jorge Fernández Díaz y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la reunión que mantuvieron
en este último Ministerio, con el objetivo de mejorar la
respuesta institucional y evitar nuevos casos de violencia
de género.
Los ministros mostraron su más enérgica condena ante los
últimos casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex
parejas, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y
Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales
de la violencia de género en lo que va de año. También se ha
confirmado el caso ocurrido en Fuenlabrada a finales del
pasado mes de de febrero, que se encontraba en investigación
debido a las circunstancias del suceso. Los tres ministros
coincidieron en la necesidad de intensificar la lucha contra
esta lacra, desde el diálogo y el consenso con todos los
agentes implicados, y con el apoyo de toda la sociedad.
Entre las medidas que se acordaron en el encuentro, destaca
la revisión del protocolo de valoración del riesgo por parte
de las víctimas de violencia de género. Se establecerá un
grupo de trabajo para mejorar la situación actual, que, en
todo caso, incluirá planes personalizados para la protección
de las víctimas. En este grupo se integrarán miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Consejo General
del Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de
Justicia.
El objetivo es tener constancia permanente de la situación
en la que se encuentran las víctimas de mayor
vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que se
encuentran a su disposición. Para ello, se actualizará el
protocolo para la valoración policial del riesgo de
violencia contra la Mujer, incluyendo un nuevo cuestionario,
con datos como la situación laboral de la víctima y su
agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o
el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo,
que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las
mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador.
En la actualidad, alrededor de 46.000 casos de entre los
valorados, no revisten riesgo a tenor de los protocolos
establecidos. Por tal razón, y con el objetivo de mejorar el
grado de cobertura que reciben estas mujeres, se revisarán
periódicamente los casos de “riesgo no apreciado”. El
sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro
meses a las unidades, podría reducir este tiempo a tres
meses para mejorar la vigilancia.
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Mejorar la
protección de las víctimas
